La presidenta del TSJ defiende unas tasas judiciales moderadas
"Ningún ciudadano debe tener dificultad para acceder a la justicia", afirma De la Oliva La magistrada y Castellano se comprometen a trabajar juntos para mejorar el servicio público
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, Pilar de la Oliva, defendió ayer la existencia de tasas judiciales como forma de contribuir a financiar el “servicio” público por parte de los usuarios. De la Oliva matizó, sin embargo, que la contribución debía acotarse a “cantidades moderadas para que en ningún caso ningún ciudadano tenga ninguna dificultad para acceder” a la justicia. Y que, en caso de falta de medios, debe quedar abierta la puerta a la justicia gratuita.
De la Oliva, que compareció en la sede del tribunal junto al nuevo consejero de Justicia y Gobernación, Serafín Castellano, rehusó, sin embargo, entrar a valorar si el aumento de tasas introducido por el Gobierno se mantiene o no en esos costes moderados. La subida impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sí se ha encontrado con el rechazo prácticamente unánime de los colectivos profesionales que trabajan en los juzgados. Para hoy, de hecho, hay convocados paros de una hora en todos ellos en una movilización reivindicativa que tiene también importantes componentes laborales.
De la Oliva señaló que hay juzgados valencianos muy sobrecargados mientras otros, en cambio, no lo están: “Cada juzgado necesita una solución diferente”. “Necesitamos más jueces, porque son necesarios, pero esta medida ha de ir acompañada de la eficiencia de los actuales recursos, que tratamos de reestructurar”, añadió la presidenta. Castellano mostró su disposición a llevar a cabo dicha reestructuración, que implicaría movimientos de personal entre órganos jurisdiccionales para concentrar efectivos allí donde más necesarios son, y a reunirse cuanto antes con los sindicatos para negociarla.
De la Oliva y Castellano destacaron su compromiso de “trabajar en equipo” por el bien del servicio público en esta nueva etapa que, como la anterior, promete estar marcada por los procedimientos judiciales contra cargos populares. A Castellano se le preguntó por el hecho de que Rafael Blasco, que hasta el año pasado tuvo la responsabilidad del área de Justicia en el Consell, esté siendo investigado ahora por el TSJ. Castellano no recordaba, sin embargo, que Blasco hubiera tenido dicha competencia.
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