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Fabra: Sanidad más plural que pública

El presidente quiere intensificar la privatización. Llombart y Moragues asumen los mayores retos. El nuevo Consell, recibido con protestas y el plante del PSPV

El nuevo Consell tras la toma de posesión.
El nuevo Consell tras la toma de posesión.

El presidente del Consell, Alberto Fabra, estrenó ayer nuevo Gobierno. El primero del que se puede afirmar, con rotundidad, que tiene su sello tras deshacerse de la práctica totalidad del gabinete que heredó de Francisco Camps. Es también el primer Consell en el que se adivina que Fabra deja atrás un sentimiento de incomodidad, como el de quien ocupa la casa de otro.

Quizá por eso, el jefe del Consell, más confortable que en otras ocasiones, aprovechó el acto de posesión del nuevo Gabinete para reivindicar su propia gestión y, sobre todo, para desplegar un discurso con nuevos matices. Un discurso que pivota sobre dos ejes: la apuesta por la privatización en la sanidad pública, por un lado, y la reducción del sector público y el cumplimiento del objetivo del déficit en 2013, por otro. Y es en las carteras de Sanidad y Hacienda donde Fabra ha situado a los fichajes con más lustre.

Así, durante el juramento del nuevo Gabinete en el Palau de la Generalitat, Fabra, apostó por una sanidad “plural, gratuita, universal y de calidad”. El cambio de “plural” por “pública” que siempre ha figurado en todos los discursos del PP es un salto político cualitativo por parte del presidente, que acostumbra a llevar escritas sus intervenciones.

El cambio de adjetivo se produce tras un intento fallido, por parte del Gobierno valenciano, de privatizar toda la gestión no asistencial del sistema autonómico de salud. Un fracaso que le ha costado el puesto a Luis Rosado como consejero de Sanidad y que ha provocado su sustitución por Manuel Llombart, un ejecutivo que hasta ahora ocupaba el cargo de director general del Instituto Valenciano de Oncología, una fundación de carácter privado.

El fracasado modelo de privatización integral de la gestión del sistema valenciano de salud —que no incluía ni el personal sanitario ni las infraestructuras— tenía que haber entrado en vigor el próximo 1 de enero. La Generalitat confiaba, además, en obtener este mismo año unos ingresos de 380 millones de euros, en concepto de canon cobrado a los hipotéticos gestores privados. El ingreso está reflejado en el plan de estabilidad presentado por el Consell al Ministerio de Hacienda, pero ninguno de los objetivos previstos en el plan de privatización se ha logrado.

La omisión del presidente valenciano al carácter público del sistema de salud se produce cuando en la Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, se ha iniciado la privatización del sistema.

El presidente advirtió al nuevo consejero de Sanidad, Manuel Llombart, de que tiene por delante "retos muy importantes" y que tendrá que dar el mismo servicio pero con menos dinero.

La toma de posesión del nuevo consejero de Sanidad fue recibida con un encierro de trabajadores públicos en el Hospital General de Valencia. Allí, el personal, de manera espontánea, acordó un encierro de dos días para protestar contra la intensificación de los procesos de privatización en la sanidad y la posibilidad de que el Hospital General, gestionado por un Consorcio entre la Generalitat y la Diputación, pueda ser uno de los más afectados.

Ante los recelos generados por el discurso de Fabra y el perfil del nuevo consejero de Sanidad, el propio Llombart y el vicepresidente José Ciscar se vieron obligados horas más tarde a recalcar el carácter público de la sanidad valenciana. Ambos aprovecharon sendos actos de traspaso de carteras, ya por la tarde, para enmendar la omisión del presidente.

Los recelos de los trabajadores sanitarios con el nuevo Consell de Fabra no son los únicos. Otros colectivos de empleados públicos, como los de Ferrocarrils de la Generalitat —que amenizaron el acto de toma de posesión de los consejeros con bocinas—, también siguen desconfiando del nuevo Consell. Especialmente despúes de que la competencia sobre el sector público empresarial, en plena reconversión, se haya trasladado de la Consejería de Economía a la de Hacienda. Un departamento en el que el nuevo consejero Juan Carlos Moragues pretende acabar con las dilaciones de un proceso que debía estar mucho más avanzado.

Fabra advirtió a su nuevo Consell que no tendrán “plazos de gracia o de cortesía porque la ciudadanía no puede esperar”. Y la oposición tampoco está por darle a Fabra un margen que consideran que no se ha ganado.

El PSPV, que no acudió a la toma de posesión de los nuevos consejeros, anunció que reclamará otra vez la comparecencia urgente del presidente de la Generalitat para que explique las dimisiones de José Manuel Vela, como consejero de Hacienda hace 15 días, y la del director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) José López Jaraba y los nuevos nombramientos realizados el pasado viernes. Comparecencia que, previsiblemente, Fabra dejará para el próximo periodo de sesiones que se inicia en febrero.

Quién sí pudo escuchar la intervención de Fabra fue el portavoz de Compromís, Enric Morera, que anunció que exigirá resultados “desde el minuto uno”. EU también se ausentó.

En su discurso, el presidente de la Generalitat defendió la gestión del Gobierno saliente, especialmente en la reducción de los costes de la Administración y en “quitar privilegios a la clase politica, tal y como la sociedad pedía”. “Hemos sabido hacer los deberes”.

Sin embargo, el relevo de los consejeros más identificados con el campismo (Lola Johnson, Maritina Hernández y Jorge Cabré, que no acudió a la jura de su sucesor pero sí al relevo de carteras vespertino) deja nuevas heridas en el seno del PP.

Buena parte del campismo, refugiado en empresas públicas y en otras Administraciones, acudió a arropar a los consejeros destituidos, especialmente a Hernández y a Johnson, que vieron como el salón de actos de sus respectivas consejerías —Agricultura y Turismo, que desaparecen— estaban abarrotados en el acto de traspaso de carteras.

El tercero de los fichajes realizados por el jefe del Consell, el de la nueva consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez, fue el que arrancó con un perfil más plano. Por una parte, porque Llombart en Sanidad y Moragues en Hacienda son los llamados para llevar a cabo las prioridades que ha establecido Fabra. Por otra, porque Cabré, en su despedida admitió su descontento por no haber logrado el dinero necesario para los colectivos más desfavorecidos. El ya exconsejero aseguró que en materia de Justicia no se plegó ante nadie y que la gestión de la Cooperación al desarrollo la deja mejor que la encontró cuando la heredó de manos de Rafael Blasco. “Ahora quiero volver a mi trabajo de fiscal y desaparecer de la vida política”, sentenció.