Dimitir para cambiar de juez

La dimisión como consejero de Hacienda de José Manuel Vela, y como diputado de Pedro Ángel Hernández Mateo han tenido un efecto judicial. El primero por ser miembro del Consell y el segundo por ser parlamentario autonómico gozaban de aforamiento, lo que en este caso significaba que solo podían ser investigados y juzgados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Sus procedimientos pendientes seguirán ahora, en cambio, el camino de la justicia ordinaria.

Hernández Mateo, condenado a tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por prevaricación y falsedad, podría haber permanecido en su puesto mientras tramitase un recurso ante el Tribunal Supremo, la única instancia a la que pueden apelar los aforados valencianos. Pero ello hubiese abierto la puerta a otro juicio en pocos meses; cuando dimitió, el TSJ se hallaba estudiando si aceptaba la competencia de otra causa en la que está implicado. Enfrentarse a ese mismo proceso ante un juez ordinario le permitirá, quizá, retrasar una nueva cita con la justicia.

En el caso de Vela, aún no es totalmente descartable que vaya a esquivar el TSJ. Vela está acusado de filtrar un documento confidencial, dirigido al tribunal, al imputado Rafael Blasco. Podría ocurrir que durante la instrucción del caso, el juez imputase a Blasco por encubrimiento si este no aclara cómo consiguió el documento. Y al ser aforado, todo volvería al TSJ. El escenario parece improbable y retorcido, pero hay un antecedente. El diputado socialista Ángel Luna fue juzgado en 2011 por ese mismo delito en el Tribunal Superior tras mostrar en público un informe policial que detallaba cómo la trama Gürtel se embolsó fondos destinados a la visita del Papa a Valencia en connivencia con cargos de la Administración.

Uno de los que más exigió un castigo contra Luna por no decir quién le había dado el informe —él siempre afirmó que le llegó en un sobre de forma anónima— fue precisamente Rafael Blasco, quien dijo de aquél: “Luna pasará a la historia como el único síndico español procesado, reprobado y expulsado”. El TSJ absolvió al socialista que siguió como portavoz de su grupo. Blasco tuvo que dimitir tras su imputación en el caso Cooperación.

Los cálculos sobre si es más conveniente dimitir o aferrarse al cargo frente a los jueces ha tenido el ejemplo menos disimulado en la diputada autonómica y alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. La regidora anunció hace varios meses que si la imputaban dimitiría como diputada (aunque no como alcaldesa). Ello habría devuelto la causa a la Audiencia Provincial de Alicante, donde quizá crea que tiene más posibilidades de salir bien parada.

Castedo, sin embargo, no ha dimitido. El motivo, según diversas fuentes, es que su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, imputado como ella en Brugal y también diputado, se ha negado a hacerlo. Y el aforamiento actúa como la fuerza de la gravedad: mientras haya un aforado en la causa, toda ella estará anclada en el TSJ.

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I. Z., Valencia