El Puerto paga a la empleada que se enfrentó a Del Real sin que vaya a trabajar
La Autoridad Portuaria de Ferrol comunicó al juzgado que declaró improcedente su despido que prefería que Lula González se quedara en su casa
El enfrentamiento del presidente del Puerto de Ferrol, Ángel del Real, con una empleada de la entidad con la que, según sus palabras, mantuvo una “amistad íntima” no deja de tener consecuencias para las arcas públicas. La batalla judicial, con un cruce de denuncias de acoso e injurias entre Del Real y Lula González, derivó en un despido improcedente. Un juzgado de primera instancia dictaminó en mayo de este año que la trabajadora debía ser readmitida. Desde entonces la empleada cobra su sueldo de la Autoridad Portuaria ferrolana pero no va a trabajar, ya que así lo ha decidido la entidad que preside Del Real.
El Puerto de Ferrol ha recurrido la sentencia que declara improcedente el despido de Lula González, que durante seis años fue jefa de Personal de la entidad. Mientras el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no confirme o revoque ese fallo, la normativa faculta a la Autoridad Portuaria para mantener a la trabajadora readmitida en su casa cobrando, eso sí, su sueldo. El Puerto se ha agarrado a esta disposición legal para evitar que la trabajadora enfrentada con su presidente vuelva a su puesto.
El juez declaró improcedente el despido porque, a su juicio, los hechos por los que fue expedientada la trabajadora no eran tan graves para concluir en una suspensión de su contrato laboral. El expediente se le abrió a la empleada del Puerto de Ferrol por enviar unos correos desde su cuenta personal en los que supuestamente criticaba al presidente Ángel del Real.
Lula González, que según declaró Ángel del Real ante el juez mantuvo con él una “amistad íntima”, denunció en 2010 al presidente del Puerto de Ferrol por acoso sexual y laboral pero el demandado fue absuelto. A su vez, Del Real se querelló contra ella por injurias y calumnias, un pleito que fue financiado con fondos públicos. La Autoridad Portuaria de Ferrol le pagó al abogado de su presidente en este procedimiento unos honorarios que superan los 9.000 euros, según las facturas a las que ha tenido acceso este periódico.
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