La clave catalana del ‘caso Emarsa’

Hubo una empresa que sí trató los lodos producidos en la depuradora de las aguas residuales del área metropolitana de Valencia, en Pinedo. Fue Adobs Orgànics. A un precio de 18 euros por tonelada, escandalosamente inferior al que cobró por ello, 42 euros por tonelada, el principal imputado en el saqueo de Emarsa, Jorge Roca Samper, a través de sociedades que nada tenían que ver con el tratamiento o la aplicación agrícola de fangos. Adobs Orgànics era, en realidad, una empresa de Aqualia, a su vez perteneciente al grupo FCC. El documento para subcontratar esos servicios lo firmó con Roca Samper un directivo de Aqualia, Jorge Hernández Blanch, que el lunes declaró ante el juez que investiga el caso, Vicente Ríos, y dijo que no lo conoce.

Según su testimonio, fue un contrato que no se firmó en “unidad de acto”. Es decir, que primero lo suscribió en nombre de Etwas Eigentlich el ahora imputado, sobre el que hay dictada una orden internacional de búsqueda, y en otro momento lo hizo el directivo de Aqualia en nombre de Adobs Orgànics.

Hernández Blanch es amigo íntimo de José Juan Morenilla, imputado en el caso porque supuestamente concertó con Roca Samper y con el expresidente y el exgerente de Emarsa, Enrique Crespo y Esteban Cuesta, respectivamente, un fraude basado precisamente en los precios que la Empresa Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), de la Generalitat Valenciana, debía pagar a Emarsa por el tratamiento de lodos. Morenilla era el gerente de la Epsar y también negó conocer a Roca Samper. Tanto él como Hernández Blanch han asumido en sus declaraciones judiciales que son amigos, pero ambos han añadido que nunca hablaron del tratamiento de lodos en la planta depuradora de Pinedo, si bien Hernández Blanch dijo suponer que la Epsar “sabía que Aqualia era gestora de lodos de la depuradora y tenía una empresa que se llamaba Adobs”. La diferencia está en que Morenilla fue interrogado en calidad de imputado el pasado mes de septiembre, y Hernández Blanch lo ha sido esta semana como testigo, y por tanto tenía la obligación de decir la verdad.

El firmante de la subcontrata declara que no conoce al principal imputado

Tampoco llegó Hernández Blanch a conocer a Roca Samper pese a que Aqualia contrató a Zonday Investments, SL, otra firma del imputado del caso Emarsa en paradero desconocido, para trabajos de asesoramiento al presentarse a los concursos de las depuradoras de Calp, Tavernes de la Valldigna, Carlet y Canet-Sagunto. Textualmente, dijo que Zonday “no le suena”. Y eso que Zonday, como le hizo ver la fiscal en el interrogatorio, tenía una oficina en la cuarta planta del edificio de la calle de Berlín, en Barcelona, en cuya tercera planta estaba el despacho de Hernández Blanch. El testigo no supo dar explicaciones de diversas facturas de Zonday a Aqualia firmadas por él ni de varias correspondientes a empresas de Roca Samper como Erwinin, otra de las firmas implicadas en el saqueo de Emarsa.

Menos explicación dio Hernández Blanch al hecho de que los contratos de las empresas de Aqualia y de Roca Samper “se sometían al fuero de Igualada cuando ninguna de ellas tenía su domicilio en Igualada”, Hernández Blanch respondió que eso debería preguntárselo al secretario del consejo de la sociedad. Igualada es la localidad de origen de Roca Samper, una ciudad catalana de cuya estación depuradora fue director José Juan Morenilla y en la que vivió dos años a inicios de la década de los 90.

Tanto el juez Ríos como la fiscal del caso han reiterado a los imputados y a los testigos preguntas relacionadas con la clave catalana del caso Emarsa. Hernández Blanch declaró conocer a Morenilla de aquella época, cuando ambos coincidieron en Searsa, una empresa del grupo Aguas de Barcelona. También entonces conoció a Ignacio Bernácer, exjefe de explotación de la Epsar e imputado junto a Morenilla por el fraude en la depuradora de Pinedo. Dijo Herrández Blanch que Bernácer trabajaba en esa época en la empresa Egevasa. Asimismo reconoció en su declaración que los hermanos Juan Luis y Miguel Ángel Martínez Muro trabajaron a sus órdenes en Searsa. Juan Luis Martínez Muro sustituyó a Morenilla como gerente de la Epsar cuando dimitió en julio de 2011 como consecuencia del escándalo de Emarsa, para fichar por la empresa Facsa. Miguel Ángel Martínez Muro, a su vez, es director de Red Control, la empresa que de 2005 a 2009, los años del saqueo, tuvo adjudicada la supervisión de la planta depuradora de Pinedo. El juez y la fiscal parecen convencidos de que en ese pañuelo de relaciones originadas en Cataluña durante los años noventa hay algunas respuestas a lo ocurrido.

El de 18 euros por tonelada era “un precio de mercado” para los lodos

La declaración de Hernández Blanch, trufada de contestaciones como “no me suena” o “no lo sé”, fue, sin embargo, rotunda al afirmar que los 18 euros por tonelada que cobró Adobs Orgànics (y que actualmente cobra la empresa adjudicataria de Pinedo, vinculada a Aguas de Valencia) para el tratamiento de lodos “era un precio de mercado, razonable y correcto”.

Con ello, desmentía los informes de la Epsar que justificaron el pago de 42 euros por tonelada, lo que supuestamente propició un fraude millonario cuya cuantía no se ha acabado de establecer. La propia consejera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, sostuvo todavía el miércoles, en una comisión de las Cortes Valencianas, que 42 euros por tonelada era un precio razonable.