El PSOE pide al fiscal que reabra el caso penal del Auditorio de Roquetas
El TSJA dice que no se cumplieron los “trámites exigibles” para el proyecto
El PSOE de Almería ha presentado un escrito de denuncia a la fiscalía en el que solicita la reapertura de diligencias por vía penal contra el alcalde de Roquetas de Mar y presidente provincial del Partido Popular, Gabriel Amat por la adjudicación y obras de construcción del Teatro Auditorio de la localidad, de 2004. Tras una serie de modificaciones realizadas sobre el proyecto inicial —valorado inicialmente en 6 millones de euros—, el precio final de la obra se incrementó un 120%, en contra de los principios de publicidad y concurrencia exigidos por la normativa de contratación pública e ignorando además los informes desfavorables que al respecto habían elaborado el secretario general como el interventor municipal. El grupo socialista ya había llevado a los tribunales los citados hechos en 2006, pero un juzgado de Roquetas decidió entonces archivar la causa
El pasado abril, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó el recurso de apelación de los socialistas en el que pedían poder presentarse como acusación en el caso y anuló la modificación del contrato de obra del Teatro Auditorio Municipal de Roquetas de Mar por no ajustarse a derecho.
“En nuestro caso y tal y como puso de manifiesto el dictamen del Consejo Consultivo, el informe del secretario general de la Corporación y también de la Intervención, no se han cumplido los trámites exigibles para la modificación aprobada”, razona el alto tribunal andaluz para aclarar los motivos por los que decidió admitir el recurso de apelación presentado por el PSOE.
Los socialistas almerienses se apoyan en los argumentos contenidos en el auto del TSJA para solicitar la reapertura de diligencias previas contra Amat como máximo responsable de la actuación del equipo de gobierno en torno a la construcción y modificación del proyecto del Auditorio. El acto administrativo que denuncian “presenta caracteres notoriamente contradictorios con los valores que debe salvaguardar y respetar, que no son otros que los principios de imparcialidad, igualdad de oportunidades, legalidad, etcétera”, argumentan los socialistas en su escrito a la fiscalía. “No existe en el presente caso duda razonable sobre la legalidad del acto administrativo habiéndose convertido el mismo en ilegalidad clara y manifiesta, motivos suficientes para el esclarecimiento en vía penal de los delitos a que hubiera dado lugar la actuación del querellado”, se razona en el texto enviado al fiscal.
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