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Los 32 despidos de Baltar no evitan que el gasto de personal suba en Ourense

El peso de las nóminas en la diputación en Ourense seguirá aumentando en 2013

Manuel Baltar abraza a su padre, durante el pleno de investidura en febrero
Manuel Baltar abraza a su padre, durante el pleno de investidura en febrero

La poda en la Diputación de Ourense ha comenzado. El presidente de la institución, José Manuel Baltar, anunció ayer que ha puesto en marcha un plan para adelgazar el desproporcionado gasto salarial impulsado por su padre y expresidente José Luis Baltar. En realidad se trata de una maquillada enmienda a la política de contrataciones masivas del barón jubilado, ya que el gasto en personal será mayor con menos enchufados. Mariano Rajoy legisló y Baltar hijo aplica ahora el decreto que permite despedir empleados públicos, enmendando la política de votos por empleos que su progenitor impulsó durante dos décadas.El tijeretazo implica la salida de 32 trabajadores laborales indefinidos a través de un expediente de despido colectivo, la amortización de 28 plazas y la jubilación de 13 empleados (39 al final de la legislatura) cuyos puestos no serán repuestos. Los despidos se harán efectivos en febrero de 2013, tras el período de negociación.

Los criterios no son arbitrarios y se han establecido excepciones. Quedan fuera los trabajadores con discapacidad. También un hombre que “está próximo a jubilarse” y personal que, en opinión de Baltar, “debe seguir trabajando por las características de su puesto”. En esta lista de indultados se incluye el personal de confianza del grupo socialista, una responsable de la biblioteca provincial, un profesor de la escuela de artes y oficios, cinco monitores de un pabellón deportivo y una auxiliar de la oficina de recaudación de Viana do Bolo, que financia un convenio firmado con ese ayuntamiento.

El ERE no afecta a ningún representante sindical. Y no es casualidad, porque la familia no se toca. En la rueda de prensa, Baltar explicó que ya había comunicado la noticia "a los representantes de los trabajadores". Es decir, al cuñado de su padre. José Antonio Blanco, concejal del PP en Esgos y también presidente de la junta de personal de la Diputación. De hecho, durante toda la jornada, no se produjo protesta alguna a los recortes. Fuentes sindicales aseguran que se trata de un “comité de empresa fantasma” controlado por ediles del PP.

El gasto en personal para 2013 se reduce en 1,3 millones, y pasa de 29,1 millones en 2012 a 27,8 según el borrador presupuestario del próximo año. Sin embargo, el porcentaje del gasto en nóminas que alcanza 66 millones crece un punto. Baltar hijo contrata menos que su padre, pero destina más a pagar salarios de enchufados porque las cuentas siguen menguando. Desde su llegada al despacho presidencial, la plantilla ha caído hasta los 757 trabajadores. Sin embargo, la ingeniería presupuestaria ha permitido contratar a 133 personas para servicios sociales con cargo a las cuentas de la Xunta. No paga la Diputación y tampoco están en plantilla, pero el organismo decide quienes son los agraciados.

La oposición centra su crítica en el maquillaje que esconde el plan. Para el PSOE se trata de “fuegos de artificio” porque el porcentaje de gasto en personal es mayor. Y se preguntan “de dónde va a salir el dinero para pagar indemnizaciones, ya que en los presupuestos no está reflejado”. El Bloque pide una vez más echar el candado a la institución. Los nacionalistas recuerdan que el 41,9% del gasto “se va en personal”, por lo tanto el adelgazamiento “no es real”. El borrador de presupuestos refleja que, por ejemplo, el instituto económico de la Diputación (Inorde) reduce su presupuesto a la mitad. Destinará 3.000 euros a inversiones. El 74% del gasto será para pagar personal. Su presidente, José Manuel Freire, que también es alcalde de Barbadás, cobrará un salario similar al de un conselleiro.

El plan incluye una reestructuración del cuadro de personal creando nuevas plazas (arquitecto, veterinario, etc.) y suprimiendo otras (diseñador gráfico, monitor sociocultural, etc.). Y una oficina para evaluar el “rendimiento” de los trabajadores públicos. La arrolladora mayoría del PP permitirá aprobar los despidos el próximo miércoles