Las empresas en concurso deben más de 1.300 millones a Hacienda

La Generalitat acaba de conceder a los jueces de lo mercantil de Barcelona la placa al trabajo Francesc Macià. Desde que estallara la crisis, su faena no ha hecho sino aumentar. Además de los litigios que ya debían resolver antes, desde 2009 hasta septiembre de este año han pasado por sus manos miles de concursos de acreedores. En sus despachos hay ahora cerca de 4.200 expedientes en tramitación, que se traducen en deudas que suman miles de millones de euros. Las empresas abocadas al concurso de acreedores, el 90% de las cuales acaban en liquidación, arrastran una deuda superior a los 1.300 millones de euros con Hacienda, de acuerdo con varias fuentes del sector.

La cantidad de lo que deben las sociedades que han pedido la tutela judicial solo en Cataluña es superior a lo que ha conseguido recaudar el Ejecutivo central mediante la amnistía fiscal. Con esta medida, el Gobierno de Mariano Rajoy ha recaudado 1.200 millones, la mitad de lo previsto. El problema de la deuda de las empresas en concurso está, según estas fuentes, en cobrar ese dinero. “La tasa de recuperación es mejorable”, sostienen.

Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) explican que parte de la deuda de Hacienda tiene privilegios sobre el resto de los acreedores. Se trata del cobro de las retenciones por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el 50% del impuesto de sociedades y del IVA. La otra mitad pasa a valorarse como si se tratara de otro acreedor común. Otra cosa son las posibles sanciones que se hayan podido imponer, que pasan a formar parte de los créditos subordinados. Es decir, por orden de prioridad se hallan en el último escalón de todo cuanto debe devolver la empresa. Y ahí en contadas ocasiones, según fuentes judiciales, se llega a rascar algo.

A pesar de esa posición de Hacienda en los concursos, en multitud de ocasiones no llega a cobrar. Ello se debe a que muchas de las empresas llegan sin apenas activos con los que hacer caja una vez se liquidan.

Cataluña concentra el 25% de los procesos judiciales de España

El ejemplo más común de empresa que no puede pagar sus deudas con Hacienda es el de una inmobiliaria pequeña, cuyos activos se han degradado a lo largo del concurso de acreedores. O el de una empresa con escasa infraestructura sin apenas activos con valor. Teresa Ramos, ex juez mercantil y experta en derecho procesal de Landwell-PwC, constata que, a pesar de que la deuda tributaria “tiene privilegios” la “tasa de recuperación de esas deudas es muy baja”. “Depende de cada caso. Se produce una ejecución, sí, pero el dinero se puede poner en ocasiones a disposición de los administradores concursales para que paguen por orden”, asegura.

Fuentes jurídicas insisten en la importancia de la cantidad que está en los juzgados, sobre todo cuando las Administraciones públicas se hallan en pleno proceso de consolidación fiscal. En Cataluña se adeudan 1.300 millones de euros, pero la comunidad representa cerca del 18,5% del Producto Interior Bruto (PIB). De hecho, la recaudación del impuesto de Sociedades, ha descendido este año en casi todas las comunidades autónomas, salvo en Cataluña, donde se ha incrementado entre el 2% y el 3%, y la Comunidad de Madrid, donde ha crecido el 5%.

En el conjunto de España, no obstante, esa vía de ingresos se ha desplomado hasta una tercera parte de lo que se recaudaba en 2007. El peso de las empresas catalanas en los concursos de acreedores, no obstante, es mayor. De acuerdo con los datos de la consultora PwC, desde 2008 hasta septiembre de este año en la comunidad han solicitado el concurso de acreedores 5.254 empresas, lo cual supone casi el 25% de todos los que se han producido en España. Solo en los nueve primeros meses de este año han tenido que recurrir al juez 1.065 empresas, lo cual indica que 2012 rebasará la cifra récord del año pasado. Entonces, 1.198 sociedades tuvieron que solicitarlo. Entre las grandes quiebras del año está la de Spanair, que tuvo que pasar por este proceso tras el cese abrupto de sus operaciones en enero.

De hecho, los impagos y el fraude fiscal son dos de los principales impedimentos que tiene hoy España para elevar sus ingresos fiscal, según admiten los técnicos de Hacienda.

El inspector y exdirector de la Agencia Tributaria de Catalunya, Josep Costa, recordaba esta semana en un foro organizado por el Instituto de Economía de Barcelona que en España hay un empleado de Hacienda por cada 1.926 habitantes, frente a la media de la UE-27 de uno por cada 896 ciudadanos. Aun así, Costa defendió que un aumento de personal se amortizaría de forma inmediata gracias al aumento de la recaudación y la reducción del fraude.