El PP lanza una ofensiva contra la Universidad de Málaga y su rectora
Villalobos ha acusado a De la Calle de dañar el prestigio de la institución
En las últimas semanas, el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, y la exalcaldesa Celia Villalobos, ambos del PP, han lanzado sendos ataques contra la Universidad de Málaga (UMA) y la labor de su rectora, Adelaida de la Calle. Esta, que además es presidenta de los rectores de España, se ha caracterizado por plantar cara al ministro de Educación, José Ignacio Wert, por los recortes educativos.
Además, estas críticas coinciden con la probable implantación en la ciudad de la Universidad Católica de Murcia (Ucam) en las instalaciones de la antigua prisión de Cruz de Humilladero, que tras cesar en su uso penitenciario pasaron a titularidad municipal. El Ayuntamiento malagueño se comprometió en 2009 a que la vieja cárcel se destinara a uso social y defiende que la llegada de la sucursal en Andalucía de esta universidad privada se adapta a esta denominación. Adelaida de la Calle, precisamente, ha criticado la puesta en marcha de este centro privado porque “no fomenta la igualdad de oportunidades”, entre otros motivos.
La polémica saltó a mediados de noviembre, tras unas declaraciones que De la Torre hizo durante una ponencia en Nueva York (EE UU) en la que supuestamente arremetía contra la “falta de calidad” de la UMA como uno de los problemas para desarrollar el proyecto Smart City. El Ayuntamiento asegura que el alcalde no hablaba en concreto de la Universidad de Málaga, sino de enseñanza superior en general. “Dijo que era mejorable”, explican fuentes municipales.
En la transcripción de esa intervención, De la Torre asegura que “falta más calidad en la educación, en el sistema educativo” y mantiene que está luchando para “traer universidades privadas a España”, aunque el Gobierno autónomo “no es muy proclive” a aceptarlas. También afirmó que el sistema público “no triunfa adecuadamente”.
En sus intervenciones públicas, el alcalde malagueño se presenta como un gran defensor de la Universidad de Málaga, aunque siempre apostilla que no se encuentra entre las mejores del mundo.
Cuando el Consistorio tenía medio aclarado el desaguisado, la vicepresidenta del Congreso de los Diputados y exalcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, la emprendió contra la rectora de la Universidad de Málaga por “cargarse el prestigio” de la institución. El sábado pasado, Villalobos ironizó en un congreso de Nuevas Generaciones sobre la independencia de Adelaida de la Calle y pidió públicamente que “dejara de meterse en política”.
El PSOE malagueño ve en estos ataques una campaña “sucia y vengativa” contra la rectora por no someterse a las medidas que dicta el ministro de Educación “sólo a favor de los ricos, (...) mientras que las familias medias deben pagar las matrículas más altas de la democracia”. El líder provincial, Miguel Ángel Heredia, cree “impropias” de una vicepresidenta del Congreso las críticas y la acusa de atacar la autonomía universitaria.
El PP malagueño negó ayer una campaña contra la UMA y su rectora, pero evitó censurar las críticas a De la Calle. “Es necesario marcar bien los territorios y no politizar una institución que tiene que estar al margen del conflicto político”, declaró el presidente de la formación Elías Bendodo a Europa Press. Sobre las aseveraciones de Villalobos sostuvo que “cada dirigente es libre de hacer las declaraciones que considere oportunas”.
El Ayuntamiento malagueño lleva un año en conversaciones con la Universidad Católica de Murcia, pero todavía no consideran “cerrada” su implantación en los terrenos de la antigua prisión. Se les cedería a cambio de un alquiler, pero la Junta debería de dar el visto bueno al proyecto.
En Alicante, el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, gobernado por el PP, ha cedido 50.000 metros cuadrados de suelo municipal, ampliables en un futuro, para que la Ucam instale un gran campus privado.
IU, impulsor de la moción para que la antigua prisión se destinara a uso público, reclama un uso ciudadano del edificio, ya que Cruz de Humilladero, el barrio en el que se encuentra, lleva años con necesidad de un centro de día de mayores o un centro de usos múltiples.
De la Torre rompe el diálogo con los sindicatos
Las últimas protestas de policías locales contra los recortes del Ayuntamiento de Málaga han hecho que el alcalde, Francisco de la Torre, decida suspender “temporalmente” el diálogo con los sindicatos UGT, Unión de Policía Local y Bomberos (UPLB) y el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN).
El Consistorio dejará de negociar con los representantes sindicales “hasta que no se restablezca la normalidad y cesen los reprobables incidentes protagonizados por una parte minoritaria de los trabajadores policiales”. Los agentes no aceptan el plan de ajuste para 2013, que prevé rebajas del 10% en las remuneraciones por horas extra, productividad y otros conceptos.
El viernes pasado, durante la inauguración del alumbrado navideño, medio centenar de agentes persiguieron al regidor y a varios ediles de su equipo de gobierno cantándoles villancicos protesta con letras como: “Váyase señor alcalde del Ayuntamiento, porque por su culpa, hay endeudamiento”. También entonaron, como si fueran premios de lotería navideña, los sueldos de los cargos de confianza del equipo de gobierno. Varios de los concejales tuvieron que refugiarse en establecimientos de hostelería hasta que los agentes dejaron de cantarles. En los días anteriores, los policías se habían dedicado a acompañar al alcalde a sus actos públicos para recordarle su descontento.
El Consistorio consideró ayer que la protesta organizada durante el alumbrado navideño fue “irrespetuosa” y alteró “la convivencia y el normal funcionamiento de la ciudad”. Dichas actuaciones “son contrarias a la normativa vigente e incluso al reglamento interno de los funcionarios que las protagonizaron”, recordó ayer el Ayuntamiento malagueño.
El pasado jueves, el Ayuntamiento reiteró su propuesta a los representantes sindicales de UGT, UPLB y SIP-AN, la misma que ya ha sido aceptada por CC OO, Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F), Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) y el Sindicato Profesional de Bomberos (SPB).
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