El PP deja en el aire los 300 millones que Andalucía preveía recaudar de los bancos

En la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Andalucía se llevaron un alegrón hace un par de semanas al conocer que el Tribunal Constitucional consideraba legal el impuesto bancario que Extremadura impuso a las entidades en 2001. La Junta aprobó a finales de 2010 una tasa similar que grava los depósitos de clientes en las oficinas o sedes centrales de entidades financieras asentadas en la comunidad.

La consejería esperaba que con la sentencia del Constitucional se desbloqueara la tasa también en Andalucía, con lo que podrían aumentar la recaudación en unos momentos críticos. Pero el Ministerio de Hacienda ha anunciado este viernes que creará un nuevo impuesto estatal sobre los depósitos bancarios con un gravamen del tipo 0%. En la práctica, lo que hace el Gobierno central con este nuevo tributo es anular las tasas regionales sobre la banca que han intentado sacar adelante en los últimos años Extremadura, Canarias y Andalucía.

La consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, no entiende que, cuando se está "exigiendo más corresponsabilidad fiscal [a los gobierno regionales], las medidas que se tomen sean para vaciar precisamente capacidad fiscal de las comunidades autónomas". Martínez Aguayo ha asegurado que no tiene intención de modificar los Presupuestos para 2013, en los que el Gobierno del socialista José Antonio Griñán tenía previsto recaudar alrededor de 90 millones a través de esta tasa.

Lo cierto es que las arcas andaluzas no han ingresado hasta ahora ni un euro de este impuesto a los bancos. La tasa entró en vigor en 2011, pero, según fuentes de la consejería, las entidades financieras no habían pagado al encontrarse recurrido en el Tribunal Constitucional el tributo extremeño, muy similar al andaluz. Hacienda ha afirmado que tiene "derechos reconocidos netos" por valor de 116 millones de euros pendientes del ejercicio de 2011 y otros 95 millones correspondientes a 2012. A estos habría que añadir los alrededor de 90 millones que la Junta había previsto recaudar con la tasa durante 2013. En total, 301 millones. Fuentes de la Consejería de Hacienda han indicado que, tras la sentencia de Extremadura, esperaban que las entidades empezaran a desembolsar los tributos atrasados de forma inmediata, algo que ahora queda en el aire por la maniobra del Ejecutivo del PP.

"Es lo mínimo", ha dicho Martínez Aguayo cuando se le ha interrogado sobre la posibilidad que ha abierto el Gobierno de compensar a las comunidades afectadas por el bloqueo de este impuesto. Sin embargo, la consejera ha confesado que ignora cómo se articulará esta fórmula. Martínez Aguayo se queja de que el Gobierno central no consultase a las comunidades que disponen de este tipo de impuesto antes de tomar una decisión.

La titular de Hacienda insiste en que la tasa andaluza, al igual que la de Extremadura, es "un impuesto autonómico constitucional". Por su parte, la consejera de Presidencia, Susana Díaz, ha acusado al Gobierno central de invadir competencias de las comunidades autónomas con este movimiento.