Bruselas analizará las quejas contra la planta de residuos de Alicante

La doctrina que se siguió contra los abusos urbanísticos es la que se pretende aplicar ahora con el tratamiento de los residuos sólidos, que no se reciclan y que suponen un serio riesgo para la salud de los valencianos.

Los vecinos, asociaciones ecologistas y partidos políticos de izquierdas presentarán el próximo martes 4 de diciembre un total de más de 1.500 quejas ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (Bruselas) referentes a la planta de residuos de Foncalent, en Alicante. Una instalación que, según los denunciantes, incumple la Ley de Residuos Sólidos, porque no recicla la basura, está sobresaturada y supone un riesgo para la salud. Su objetivo es que una comisión de eurodiputados visite las instalaciones y emita un dictamen sobre su situación.

La Generalitat ya impuso una multa en agosto a esta planta, que explota la empresa Inusa participada por el empresario Enrique Ortiz, por no reciclar las basuras, y admitió que incumple el control de lixiviados, un líquido contaminante procedente de la descomposición de la materia orgánica presente en las basuras. Pero el verano pasado, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, ajena a todo ello, cambió de criterio y autorizó la llegada de 140.000 toneladas anuales del sur de Valencia, a cambio de recibir unos ingresos de 6,8 millones el Ayuntamiento de Alicante. La planta se diseñó para tratar solo 155.000 de toneladas al año, aunque han llegado a entrar 300.000 toneladas anuales.

El Consell multó a la planta por no reciclar y el nivel de  lixiviados

“Es un negocio olímpico a costa de los vecinos y del medio ambiente”, denunció ayer Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, que cifró en un 75% los residuos sin reciclar. “La planta es un escaparate en el que se esconde un gran vertedero”, aseguró Arribas. Por su lado, Vicente Aracil, de las Asociaciones de las Partidas Rurales de Alicante, recordó que la planta, además de la saturación y la ausencia de reciclaje, presenta un serio problema de lixiviados, que son “altamente tóxicos”.

Miguel Ibáñez, de la plataforma Salvem Foncalent, lamentó que Alicante se esté convirtiendo en “el vertedero de la Comunidad Valenciana” y aseguró que hasta Foncalent llegan camiones procedentes de Murcia y de Albacete. “La alcaldesa miente, nos aseguró que no vendrían basuras de fuera”, dijo. El representante de esta plataforma acusó al PP de solo ver “el interés del dinero a cambio de nuestra salud”.

Arribas recordó que el Plan Zonal de residuos planteaba como solución transitoria debido a la saturación de las plantas de Valencia la recepción de basura en Xixona y El Campello, pero ahora “todos esos residuos llegan a Alicante, con lo que se incumple el principio de proximidad”.

Los vecinos estuvieron arropados por ediles del PSPV-PSOE y de EU en el Ayuntamiento de Alicante, así como por representantes de Compromís. Miguel Ángel Pavón, edil de EU, confió en que desde Europa “den un serio toque de atención” sobre la situación de los residuos en la Comunidad Valenciana. La concejal del PSPV, Elena Martín, se lamentó de que al PP de Alicante “no le importe la calidad de vida de los ciudadanos, y prefiera hacer negocio con su amigo, el de siempre”, en referencia al constructor Enrique Ortiz.

El también concejal socialista, Manuel Marín, incidió en la necesidad de que la Policía Local “intensifique” los controles y las inspecciones sobre la planta de Alicante. Y por último, Luis Falcó, de Compromís, lamentó que “se haga negocio” con la basura sin respetar a los vecinos ni al medio ambiente.