La llamada de la imputación

Las llamadas intervenidas por los Mossos d’Esquadra en el caso Mercurio —que gira entorno a una presunta trama de corrupción urbanística en Sabadell— apuntan que el número dos del PSC, Daniel Fernández, medió para amañar un concurso público en Montcada i Reixac para colocar a una persona de su confianza, según fuentes del caso. Fernández insistió, presuntamente, a la alcaldesa de la ciudad, la socialista María Elena Pérez, para que colocase a Carmina Llumà como directora del Área Territorial, cargo que ostenta en estos momentos. Tanto la alcaldesa como Fernández están imputados por tráfico de influencias.

Hasta entonces, Albert Barenys ocupaba como personal eventual el cargo de director de Área Territorial, aunque formalmente era coordinador general, después de que Pérez ampliase sus atribuciones. Pero en marzo de este año, de forma repentina, el consistorio alegó “descenso del nivel de confianza”, le acusó de “actuaciones desacertadas” y le destituyó. 19 días después, el consistorio publicó las bases de una convocatoria pública para director de Área Territorial. Los Mossos d’Esquadra se llevaron el martes el contenido de ese expediente del consistorio, según fuentes del caso.

A ese concurso se presentaron cinco personas. Hasta el final llegaron Llumà, abogada de formación y exsecretaria general del departamento de Obras Públicas en la etapa del tripartito catalán, y otra candidata, también abogada, con una dilatada experiencia profesional en el mundo municipal, según pudo constatar la concejal de Ciutadans, Carme Romero. Esta pidió cuentas en el pleno municipal de la designación de Llumà.

“Quedaron dos personas, una de L’Hospitalet y otra de Sabadell. Casualmente la persona que ganó es la señora del jefe de los servicios jurídicos de Sabadell. Montcada es como un apéndice de Sabadell: si hay una vacante aquí siempre la ocupa gente de Sabadell”, lamentó ayer Romero.

Tres técnicos del Consistorio emitieron sus informes. Dos a favor de Llumà, y un tercero a favor de la candidata de L’Hospitalet, que tuvo en cuenta su “exhaustivo y muy extenso” conocimiento del mundo municipal, recuerda Romero. La candidata descartada había ejercido como jefa de departamento de Servicios Jurídicos de L’Hospitalet de Llobregat, directora del Área de Economía de Molins de Rei y gerente municipal de Sant Feliu de Llobregat.

Romero sostuvo ayer que en el consistorio abunda el enchufismo. “Estamos solo ante la punta del iceberg”, dijo, y puso como ejemplo un caso que se está dirimiendo en los juzgados de una familiar de Pérez, que en este momento está contratada en el ayuntamiento. “Esta desconfianza nos la transmiten todos los procesos que se han hecho desde el Ayuntamiento. Todo lo plantean de una forma normal y correcta y luego te das cuenta de que no ha sido así”, critica.

Tanto Romero, en nombre de Ciutadans, como la concejal y diputada electa del Parlamento Eva Pérez, del Partido Popular, pidieron ayer la dimisión de la alcaldesa hasta que se aclare en los juzgados su implicación en la presunta trama corrupta.

La edil negó, en cambio, en una comparecencia pública que esté involucrada en la red investigada y aseguró que el procedimiento se celebró conforme a ley. “Niego rotundamente estar implicada ni estar imputada en ninguna trama de corrupción urbanística, ni cobro de comisiones; quiero negar también este presunto delito y quiero afirmar que los procedimientos de contratación municipal se han realizado con total legalidad”, señaló Pérez, en una rueda de prensa en la que se limitó a leer un comunicado y no aceptó preguntas de los periodistas.

Pérez fue nombrada alcaldesa de Montcada en agosto de 2010, en sustitución del socialista César Arrizabalaga, que dimitió después de que su nombre apareciese en las escuchas del caso Pretoria, otra trama corrupta urbanística que giraba entorno al ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.