Diviertt impugna el recuento de entradas del Madrid Arena por “manipulación”

Diviertt ha anunciado esta tarde que impugnará el recuento judicial de las entradas vendidas para la fiesta del pabellón Madrid Arena al considerar que empleados de la empresa de seguridad del recinto, Seguriber, imputada también en la causa, tuvieron oportunidad de alterar las cajas en las que se guardaban, y que estas “fueron aparentemente manipuladas”. “Se han quebrantado todas las garantías de la cadena de custodia”, asegura en su comunicado.

La empresa organizadora de la fiesta en la que murieron cuatro jóvenes en la noche de Ánimas ha denunciado que desde la mañana siguiente a la tragedia, el 1 de noviembre, hasta el día 16, cuando fueron halladas presuntamente las cajas, “tenían acceso al recinto, junto a la Policía Nacional, cualquiera de los profesionales de Seguriber, de la que son empleados varios de los imputados en el procedimiento judicial”.

La Policía Nacional no encontró las cajas hasta dos semanas después de la tragedia; inmediatamente el juez ordenó precintar las urnas con las entradas, que fueron remitidas después al juzgado. Fueron halladas en un almacén del edificio anexo al pabellón. El responsable de Diviertt, Miguel Ángel Flores, había dicho desconocer dónde se encontraban.

El recuento judicial, iniciado e interrumpido a medias el pasado viernes, arrojó 9.257 entradas en cuatro de las ocho urnas. El aforo máximo permitido por el Ayuntamiento en el pabellón para la fiesta era de 10.600 personas. Diviertt asegura haber vendido 9.650 entradas (aunque admite haber impreso 17.500), y achaca el que se pudiera haber rebasado la cifra máxima de asistentes a la falta de control de los accesos por parte de Seguriber y de la Policía Municipal, que permitió colarse a cerca de 4.000 personas.

El representante de la empresa Diseño y Asesoramiento Técnico Organizativo (DATO), la empresa contratada por Diviertt para controlar las entradas, José Manuel García, presentó a la Policía un certificado en el que consta que todos los asistentes accedieron al recinto con una entrada original y válida de las emitidas por la organizadora.

En su comunicado de esta tarde, Diviertt carga la responsabilidad sobre la seguridad en el exterior e interior del recinto a Seguriber, basándose en el contrato firmado por esta empresa con el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, Diviertt subcontrató a Seguriber para esa noche, por lo que las funciones de esta última estarían regidas por ese acuerdo. El plan de seguridad para la fiesta sí fue responsabilidad en cualquier caso de Seguriber, y en él, pese a que se explicita que sus vigilantes se distribuirían solo por el exterior del recinto, no se explicaba quién mantendría el orden público en el interior.

Tal y como añade Diviertt en su comunicado, los 63 controladores (en realidad, porteros de discoteca) contratados por la organización tenían la misión de vigilar que no se excediera el aforo dentro del edificio, pero no de mantener el orden, una labor que les prohíbe la ley regional. “Estos profesionales y el resto de personas que trabajan para Diviertt realizaron su trabajo con la máxima diligencia y colaboraron con los profesionales de Seguriber, así como con la policía municipal y nacional, en la medida de sus posibilidades”, añade el comunicado.

Los vídeos de las cámaras de seguridad, publicados por EL PAÍS, demuestran sin embargo que los controladores desviaron a cientos de personas por una salida de emergencia que da acceso directo a la pista, pese a que esta se encontraba entonces abarrotada. El exceso de aforo en la pista y el deficiente control de accesos parecen la causa más probable de la tragedia.

En su comunicado, Diviertt señala además que el contrato de alquiler que firmó con el Ayuntamiento no incluía la explotación del aparcamiento, donde cientos de jóvenes accedieron con sus vehículos tras el presunto pago de 10 euros a la empresa municipal que lo gestionaba. Allí realizaron, según diversos testimonios, un botellón que debería haber sido evitado por los vigilantes de Seguriber. Diviertt denuncia otros dos botellones más, “de incluso mayores dimensiones”, en los alrededores del recinto; sería responsabilidad de la Policía Municipal evitarlos; asegura esta sin embargo que, siendo así, no era su prioridad aquella noche.

Por último, Diviertt confirma que no acudirá a declarar a la comisión de investigación política constituida en el Ayuntamiento, como ya se había dado por hecho, puesto que esa cita no es obligatoria por ley.