Piaf trabajó para Vila-real con el contrato caducado

El contrato para que la empresa Piaf se hiciera cargo del servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones municipales del Ayuntamiento de Vila-real tenía como fecha límite octubre de 2010 y, pese a ello, la empresa continuó facturando al Consistorio tal y como demuestra el listado de 36 facturas por importe de 277.000 euros fechadas días antes del cambio de gobierno tras las elecciones de 2011.

Piaf cobró este importe gracias a la autorización del exalcalde Juan José Rubert (PP) para que una entidad bancaria adelantara el dinero. La Fiscalía de Castellón ya ha abierto una investigación penal por estas facturas (así como por otra de cerca de 300.000 euros por obras en la comisaría de Policía Local contratadas aparte), al ver indicios de un presunto delito de prevaricación, malversación y falsedad documental. La investigación se ha abierto tras el informe remitido por el actual alcalde, José Benlloch (PSPV), al ministerio público.

En el escrito del fiscal en el que comunica la apertura de las diligencias penales se plasma que el Ayuntamiento contrató a la constructora, que también está siendo investigada en esta causa, el 5 de octubre de 2006 “siendo la duración de dicho contrato de dos años con un máximo de cuatro mediante prórrogas anuales y con un presupuesto al año estimado en 370.000 euros”. Es decir, la relación acabó formalmente en octubre de 2010.

“Lo sabía cualquiera”

“Sabía que Piaf ya no tenía contrato como lo sabía cualquiera del equipo de gobierno, pero no era mi departamento el que lo llevaba”, manifestó este miércoles el exconcejal de Hacienda durante el mandato popular, Ignasi Clausell. Lo mismo dijo el exconcejal de obras y servicios, Ramón Tomás: “Desde la concejalía, claro que sabíamos que el contrato había finalizado, pero actuábamos por orden del alcalde”. Por su parte, Rubert se ha desentendido de este proceso en un escrito que presentó ante el Ayuntamiento y en el que desvía las responsabilidades a estos dos exediles.

Mientras, las diligencias continúan. El fiscal ya ha llamado a declarar a tres de los técnicos municipales que constataron en los informes municipales que las facturas no están acreditadas o corresponden a trabajos realizados por operarios municipales. Los tres habrían ratificado los citados informes y las supuestas irregularidades ante el ministerio público.