200 kilómetros a pie por la discapacidad

Los discapacitados temen por su futuro. Y motivos no les faltan. La consejería de Bienestar Social debe más de 15 millones de euros a las entidades que les atienden, y el sector sufrirá un tijeretazo en los presupuestos de la Generalitat para 2013 de otros 15 millones. Y con los nuevos criterios para dar las ayudas corren un serio riesgo de volver a la beneficencia.

 Ese es el temor que manifiesta Juanjo Pérez, trabajador de Asprodis en Elda, una asociación prodiscapacitados y enfermos mentales. “Una decisión así, dice, supone un retroceso de 40 años. Su atención no puede depender de la caridad o de la disponibilidad presupuestaria”. Para evitar lo que se avecina, el sector de la discapacidad se puso las botas de caminar y este lunes inició en Villena una Marcha por el respeto y la dignidad de la discapacidad. Un grupo de unos 30 empleados en residencias y padres de personas discapacitadas recorrerán a pie 200 kilómetros durante diez días para denunciar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

Frente al Ayuntamiento de Villena unas doscientas personas, sobre todo muchas madres con sus hijos, se concentraron para dar calor y ánimo a estos peregrinos solidarios que pernoctaron en Elda, tras recorrer 26 kilómetros a pie en el primer día de marcha. El inicio de la excursión contó con el respaldo de la diputada autonómica de Esquerra Unida, Esther López y de dirigentes comarcales del Bloc-Compromís, que denunciaron la “falta de interés” del Consell que “ni tan siquiera se digna a reunirse con ellos”, dijo López. Al acto no acudió ningún dirigente del PSPV-PSOE, aunque por la tarde brindaron su apoyo mediante una nota de prensa. La segunda parada será en Monòver, y en días sucesivos recalarán en Sant Vicent, Ibi, Alcoi, Ontinyent, Xàtiva, Alzira y Silla hasta llegar a Valencia el día 28 de noviembre donde se concretarán en la plaza de la Virgen, y protestarán ante las Cortes Valencianas.

Las entidades que trabajan con discapacitados intelectuales en la Comunidad Valenciana emplean a 7. 500 profesionales que atienden a unos 30.000 usuarios en algunos de los 200 centros especializados. Por su parte, la Federación de Enfermos Mentales (AFEMA) trabaja en 253 municipios y presta servicios a través de 27 asociaciones, 26 centros y 30 programas. En este sector hay 205 empleados fijos y otros 30 dependientes de programas eventuales, 505 usuarios en centros y 2.500 familias atendidas. El recorte previsto en las subvenciones pone en peligro programas como los de estimulación precoz, ocio, tiempo libre o residencias. Paulino López, educador en el centro ocupacional Maigmó de Alicante, que también hará la marcha, alerta de que la consejería pretende instaurar el copago en los servicios sociales especializados. “Los familiares ya están pagando aquello que la Administración no cubre, pero con el nuevo sistema habrá una cuota adicional que tendrá consecuencias ya que las familias rentas bajas no podrán pagar, sacarán a los chicos de los centros y los encerrarán en sus casas”, asegura.

La atención a las personas con discapacidad se prestaba hace décadas en las beneficencias, luego el sector se fue profesionalizando y los convenios y conciertos con la Administración otorgaron un marco estable para dar respuesta a todas sus necesidades. “Pero ahora regresamos a la subvención graciable, si tengo dinero pago y sino no, y eso obligará a encerrar a los chicos en casa”, denuncia López.

Ángel López de Upapsa (Unión Provincial de Asociaciones Pro Minusválidos Psíquicos de Alicante) explica que además de la deuda de Bienestar Social arrastran otro impago por parte de la consejería de Empleo correspondiente a los cursos realizados en 2010, 2011 y 2012. “Casi tres años sin cobrar ha provocado que algunos compañeros dejaran de percibir su nómina durante meses”, se queja López.