La Audiencia de Huelva cierra la vía penal a los casos de bebés robados

El pleno de la Audiencia Provincial de Huelva ha dictado un auto en el que cierra la vía penal a los casos de bebés robados al considerar que todos los delitos en los que pudieran sustentarse los mismos han prescrito. El auto fue acordado el pasado día 12 de noviembre por los nueve magistrados de la Audiencia al objeto de unificar criterios sobre estos casos y en respuesta a un recurso de apelación presentado por SOS Bebés Robados contra el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva el pasado 4 de mayo.

El pleno de la Audiencia desestima el recurso y expone que, "no sólo está conforme con lo acordado", sino que aclara que las acciones penales de que se podrían hacer uso "están completamente prescritas". El hecho denunciado es de 1968.

Según los magistrados, los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra el estado civil, favorecidos por otros de falsedad documental, todo lo más. Los magistrados afirman que la acción penal "ni siquiera debió iniciarse"  ya que no "se ven visos de ninguna otra infracción".

Se ha terminado por resolver de "manera unánime" descartando que exista detención ilegal en los supuestos de sospechas de entrega de un niño nacido a terceros para alterar la filiación, confirmándose la declaración de estar prescritas las acciones para todos los delitos.

Los magistrados pretenden con este auto dar "una respuesta uniforme a los diferentes recursos en trámite y aún a otros que pudieran generarse, evitando la disparidad de criterios entre secciones del tribunal, y ofreciendo a los juzgados de instrucción un parámetro interpretativo al que acogerse".

"Resulta ser una insatisfactoria respuesta ante determinado conflicto que prácticamente a nadie complace, toda vez que es más bien una falta de respuesta",  pero insisten en que "no es posible proseguir la vía penal en relación con ninguna de las conductas" advertidas en este tipo de casos.

SOS Bebés Robados expresó ayer su desacuerdo con el auto, aunque lo acatan. Argumentan que la Audiencia de Madrid decidió en septiembre “declarar no prescritos los hechos y seguir adelante con la investigación”. El colectivo considera que “la detención ilegal es un delito permanente” y que los argumentos del auto sólo benefician “a los delincuentes, a los profesionales sanitarios y religiosos que obraron mal y que ocultan sus miserias”. “Seguiremos luchando fuera de la frontera judicial, aunque ello nos impida exigir que más de un sinvergüenza tenga que dar explicaciones”, concluyen.