El Banco Sabadell paraliza un desahucio en Valencia

“Se ha parado”, proclamaba este lunes, emocionado, Juan. Este hombre de 36 años resumía así la decisión del Banco Sabadell de paralizar el desahucio de su piso de Valencia. Lo afirmaba unos segundos después de que el juzgado le comunicase por teléfono la postura del banco, que mantenía de esta forma su política de no ejecutar los denominados “lanzamientos” correspondientes a la CAM, organismo que adquirió el año pasado. Mientras, este albañil en paro abrazaba a su mujer y aupaba con firmeza, a modo de trofeo, la carpeta naranja donde conserva todos los papeles de la hipoteca. Frente a su terraza, unas 200 personas convocadas por la Palataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) celebraban el anuncio entre aplausos y gritos de “Sí se puede”.

“Vamos a seguir denunciando este genocidio financiero”, señalaba al lado de la pareja Rosana Montalbán, portavoz de la PAH. “Ha tenido que haber muertes para que reaccionen y tenemos que seguir intercambiando ideas para que no nos engañen más”, lamentaba frente a la algarabía de los concentrados.

El Banco Sabadell, por su parte, explicaba a través de las redes sociales que el desahucio estaba paralizado. El domingo, la entidad señaló que “hasta la fecha” no ha llevado a cabo “nunca ningún desalojo” y que va a tratar “por todos los medios” de que en la CAM tampoco los haya. En este comunicado, la entidad indicaba que “siempre ha encontrado una solución a este tipo de situaciones, buscando alternativas favorables para todas las partes implicadas” y añadía que esa misma política “va a seguirse con el caso de CAM” para evitar “por todos los medios” este tipo de situación.

El Ayuntamiento de Castellón anunció que pondrá 12 pisos en alquiler para desahuciados

En este caso, la orden le llegó a una pareja con una niña de cinco años. Dos andaluces emigrados desde hace 11 años a Valencia. Juan Benito Gañán, de 36 años, y Engracia Lucena Bravo, de 30, llegaron aquí en busca de trabajo. Lo consiguieron rápido. Ella de camarera de piso en hoteles y él de albañil. Fue después de un tiempo, en 2005, cuando se decidieron a adquirir una propiedad. Lo hicieron en Orriols, un barrio de trabajadores e inmigrantes, comprando un piso de 70 metros cuadrados. “Entonces llegábamos a reunir hasta 3.000 euros al mes”, recuerdaba con pena Juan. Su valor era de 180.000 euros, pero les prestaron 247.000. “Nos engañaron”, mascullaba, “porque no nos dijeron que la hipoteca era variable”.

El primer año pagaron mensualidades de 780 euros. Más tarde de 836 y acabaron llegando a los 1.000 euros. “Al principio salía más o menos bien porque era como un alquiler. Luego no”. Según detallaron, el aviso del desahucio les llegó hace un mes y medio. Llevaban “ocho o nueve” meses sin pagar. “Solo tenemos el subsidio mío, de 426 euros”, confesaba él después de explicar que ambos están en paro desde hace dos años. “Nos fuimos a casa de mi hermana y nos llevamos los muebles”, añadía Engracia, “porque lo poco que tenemos no lo queremos perder”.

En la calle, los congregados trasladaron la protesta a la sede del PP. Allí, con una pancarta que exigía “Ni un desahucio más”, los asistentes responsabilizaron al Gobierno y al PSOE, antiguo partido en el poder, del “drama y la injusticia” de los desahucios y de “crear una situación de alarma social”. “Por fin se han sentado a negociar”, dijo la portavoz de PAH. A esa misma hora, el consejero de Justicia, Jorge Cabré, se pronunció sobre el tema alegando que, “ya que han recibido ayudas públicas”, los bancos deberían “tener conciencia social con los ciudadanos”.

El Ayuntamiento de Castellón también se pronunció notificando que pondrá 12 viviendas en régimen de alquiler para los afectados por los desahucios. Y Carlos Domínguez, presidente de la Audiencia de Castellón, declaró que “los jueces han de aplicar la ley”, pero ser “sensibles a estos cambios en la sociedad”, informa Lorena Ortega.