El Gobierno urge a aprobar moratorias

La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha exigido que se aprueben moratorias que impidan que las personas desempleadas puedan ser desahuciadas de sus viviendas. Mendia ha mostrado su conmoción por el suicidio de Amaia Egaña, una vecina de Barakaldo, al arrojarse desde un cuarto piso cuando iba a ser desahuciada de su vivienda. Tras subrayar que el sufrimiento de la gente "es tremendo", ha hecho hincapié en que "se tienen que tomar medidas ya y todas las que tomen son pocas porque la situación en la que vive mucha gente es realmente dramática y límite".

En este sentido, ha subrayado que el compromiso contra este drama debe ser "de todos" y ha hecho un llamamiento expreso a las entidades financieras a tener "sensibilidad" con estas situaciones. A su juicio, son necesarias moratorias que paralicen los desahucios y entre tanto, tratar de llevar con éxito las mediaciones con las personas en riesgo de perder sus viviendas ya que "sería imperdonable que hoy lancemos por desahucio a personas que quizás igual dentro de dos meses por el cambio legislativo puedan permanecer en sus viviendas".

En este punto, Mendia ha explicado que el servicio de mediación hipotecaria del Gobierno vasco puesto en marcha el pasado mes de mayo ha abierto hasta el momento un total de 126 expedientes: 28 en Alava, 47 en Bizkaia y 51 en Gipuzkoa. 21 casos se han cerrado con acuerdo entre las personas afectadas y las entidades financieras. En la mayoría de los casos se ha renegociado las condiciones del crédito hipotecario y en media docena de casos se ha acordado la dación en pago entre ambas partes.

En total, de los 36 informes elaborados por los mediadores, en 15 casos no se llegó a un acuerdo con las entidades financieras, principalmente por la negativa de los bancos a renegociar los créditos o a la dación en pago, o por la adjudicación de la vivienda a otra persona. El grueso de los 126 expedientes tramitados corresponde Kutxabank, BBVA, Caja Laboral, Banco Santander Central Hispano, La Caixa y Banesto. Según ha explicado Mendia, la mayoría de los casos corresponden a parejas con hijos y sólo son mayores en el caso de ser avalistas de sus hijos. El 80% de los afectados que acudieron al servicio de mediación estaba ya en situación de desahucio y la gran mayoría cobra únicamente las de Renta de Garantía de Ingresos al tratarse de parados de larga duración. La cuantía media de los préstamos estudiados ascendía a 204.828 euros.

Destaca el dictamen de la abogada de la UE sobre la vulneración de derechos

La consejera de Justicia ha recordado que el magistrado del TSJPV Edmundo Rodríguez ha propuesto una novedosa medida para evitar que se puedan ejecutar los embargos de primera vivienda, consistente en conceder una moratoria legal a aquellos propietarios que se encuentren en situación de desempleo, y que no puedan proceder al pago de las cuotas del préstamo hipotecario. Mendia ha explicado que esta medida puede encontrar "amparo legal perfectamente" aplicando el Código Civil vigente.

Por último, Mendia ha considerado una "noticia esperanzadora" que la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE haya dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección de los consumidores. A su juicio, "si es la voluntad de los jueces españoles, puede tener un reflejo en España" ya que las directivas europeas son de"directa aplicación" en los países miembros.