El juez decreta el secreto de sumario sobre el caso de los ERE

 El juez sustituto del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Iván Escalera, ha decretado el secreto de sumario por un plazo "no superior a un mes" de la causa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos a fin de ampliar la investigación sobre personas no imputadas e indagar la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales, informa Europa Press.

El juez atiende la petición realizada por la Guardia Civil y decreta el secreto "total" de las actuaciones para todas las partes personadas, a excepción de la Fiscalía Anticorrupción, "por el tiempo imprescindible y plazo no superior a un mes", todo ello a fin de que la Unidad Central Operativa (UCO) "complete las diligencias de investigación que le vienen encomendadas, las cuales se extenderán asimismo para el descubrimiento y esclarecimiento" de los delitos referidos. Por medio de un auto dictado este martes, el sustituto de Mercedes Alaya, de baja desde el 12 de septiembre, toma esta decisión "teniendo en cuenta que se interesan" por parte de la Guardia Civil "investigaciones sobre personas físicas y jurídicas no imputadas pero sí relacionadas con actividades de los imputados, que entiende deben ser esclarecidas en las diligencias". Según recuerda el juez en este documento notificado al ministerio público, el Tribunal Constitucional  reconoce que el proceso penal "puede tener fase instructora amparada por el secreto, si bien esta facultad de decretar el secreto debe interpretarse restrictivamente" y "siempre debe decretarse con el fin de asegurar una eficaz represión del delito". De este modo, una vez "examinada" la petición realizada por la UCO "y teniendo en cuenta las evidencias expuestas", el juez considera "imprescindible" adoptar el secreto de sumario a fin de "evitar interferencias o acciones que puedan poner en riesgo el éxito de las investigaciones" que la Guardia Civil "viene efectuando actualmente".

El juez no detalla en el auto los hechos expuestos por la Guardia Civil ya que, según entiende, "frustraría la finalidad del secreto ahora decretado, habida cuenta de la repercusión de la presente causa y la publicidad que reciben resoluciones y documentos unidos a la misma", de manera que "el secreto natural que llevan aparejadas las actuaciones queda desvirtuado y hacen necesario decretar el secreto total".

Así, el juez subraya que adopta esta medida "ante la posibilidad de que el conocimiento de los hechos expuestos" por la Guardia Civil, "indiciariamente constitutivos de nuevos ilícitos penales, y de las personas implicadas, podrían llevar a parte interesada a la manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba, anulando así la acción policial y judicial", cuya finalidad "no es otra que asegurar el valor constitucional de la justicia determinando la existencia de delitos y, en su caso, la identidad de sus presuntos autores".