El PSE propone al PNV un programa de Gobierno fuerte y estabilidad institucional

El PSE-EE ha trasladado al PNV un documento de trabajo en el que demuestra claramente su voluntad de proseguir las conversaciones abiertas la pasada semana por Iñigo Urkullu para sondear cuál será su opción de gobierno tras ganar las elecciones del 21-O, en Euskadi. Esta respuesta agiliza el proceso negociador en el que también participan EH Bildu y PP, aunque ninguno de ellos va a concretar por escrito sus posiciones, y, a su vez, camina en paralelo a la acreditación de los parlamentarios vascos para la constitución de la Cámara antes del inicio de la décima legislatura.

En su análisis de situación, los socialistas responden a los tres ejes estratégicos sobre los que Urkullu quiere tejer acuerdos puntuales: crisis económica, paz y convivencia y autogobierno, cubiertos por la manta de la estabilidad institucional, factor sobre el que se viene insistiendo de manera especial en los últimos días y que se fundamenta en la aprobación de los respectivos Presupuestos en Diputaciones, Ayuntamientos y Gobierno. Lo hacen en un texto de 15 folios, aderezado de medidas concretas junto a la reflexión sobre los motivos de su posicionamiento y que, lógicamente, tiene una directa inspiración en el guión electoral defendido por Patxi López, incluso con referencias expresas a la propia acción desplegada por el actual Gobierno vasco.

Proponen dos ponencias en el Parlamento: reforma fiscal y entramado institucional

Como punto de partida bastante significativo, el PSE-EE sostiene que "Euskadi demanda un gobierno fuerte, sostenido sobre una mayoría parlamentaria amplia y estable", que extiende al resto de fuerzas y con aplicación concreta en el resto de instituciones vascas. Podría interpretarse de inmediato que los socialistas levantan rápidamente la mano por si el PNV hubiera pensando en elegir la coalición como fórmula de gobierno, pero son conscientes de las escasas posibilidades de que sea así, aunque entre muchos de sus cuadros no se desdeña la posibilidad. Mientras tanto, aprovechan la oportunidad de este cruce de propuestas para introducir el debate sobre la necesidad de que el futuro gobierno denote estabilidad y seguridad como garantía, dicen en su escrito, de "progreso y bienestar". Es ahí donde entienden "positivo" buscar acuerdos para la estabilidad institucional y los presupuestos públicos. La incorporación a estos pactos proporcionaría a los socialistas un foco de atención del que ahora carecen en las Diputaciones y en las tres capitales vascas.

A partir de esta estabilidad, el PSE-EE se centra en el objetivo prioritario de superar la crisis "de forma justa, ayudar a las empresas y a las familias, impulsar la economía para crear empleo y acometer los cambios y reformas para hacer de Euskadi un país moderno, solidario y sostenible". Todo ello sobre la guía de mantener los servicios públicos, en un claro aviso al PNV de que esta aspiración no permite recortes.

Aboga por un acuerdo transversal y amplio ante un cambio del actual marco jurídico

Precisamente para aspirar a una Euskadi "moderna, sostenible y solidaria", los socialistas proponen la creación de una ponencia parlamentaria en el plazo de dos meses que busque las conclusiones suficientes para racionalizar el entramado institucional vasco. El intento de la comisión de Duplicidades en el Parlamento volvería a tomar carta de naturaleza para analizar si es viable la convivencia de 250 ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, tres Juntas Generales y Diputaciones, un Parlamento y un Gobierno vasco para 2,2 millones de habitantes. En el fondo, el PSE lleva al PNV al terreno de la reforma de la Ley de Territorios Históricos.

Pero es en la reforma fiscal donde los socialistas ahondan de manera especial, conscientes de que su proclama ha ido ganando adeptos con el paso del tiempo, incluso entre los nacionalistas. Quizá por ello se afanan en situar el Parlamento vasco como centro para el debate, conscientes de que el PNV siempre les ha recordado que la competencia recae en las Juntas Generales. De hecho, proponen la creación de una ponencia en el plazo de cuatro meses para abordar una reforma tributaria global. En su trabajo, reiteran que es imprescindible alcanzar un modelo tributario "capaz de mejorar la equidad impositiva" y dirigido a "impulsar la actividad económica y el empleo". En su documento, destilan cada una de las propuestas que López fue desgranando durante la campaña electoral y apelan a un acuerdo inmediato para que las medidas acordadas pueden tener efectos recaudatorios en 2013.

A partir de aquí, los socialistas abordan la consolidación de la libertad, la paz y la convivencia con puntos de situación que se antojan propicios al entendimiento con el PNV. Concisos en los posicionamientos sobre la memoria y la necesaria disolución de ETA, fijan en el valor de la justicia la guía a seguir y así les permite asegurar que la política penitenciaria aplicada para acelerar el final de la banda terrorista, "debería ayudar a cerrar las heridas causadas y a facilitar la reinserción de los penados". Los socialistas mantienen la reinserción como una vía adecuada siempre que los propios presos renuncien a la violencia.

Finalmente, cuando el PNV analice la posición del PSE en materia del autogobierno no encontrará novedades significativas. No obstante, sí advertirá la voluntad socialista de admitir "acuerdos transversales suficientes" cuando se trate de aplicar "cualquier modificación del marco institucional". Los socialistas piden acuerdos amplios y suficientes. Más de una vez Urkullu ha recordado que su proyecto de nuevo estatus político siempre estaría basado en el mayor consenso posible sin excluir sensibilidades diferentes. No se cierra ninguna puerta, sobre todo antes de empezar la legislatura.