La Comunidad destinará 800 viviendas públicas para familias desahuciadas
González firmará un acuerdo con Cáritas y otras ONG, que gestionarán casas del IVIMA Los afectados pagarán un alquiler de 200 euros
![José Marcos](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F813e8446-27c8-44c6-a043-b17f5b5ee30a.png?auth=a11d5ace1ce4658575ea2feddadfb0c701fbac80225da7d147a9b26cbc1d4f71&width=100&height=100&smart=true)
![Afectados por hipotecas concentrados en la plaza del Celenque.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/6X72UQUSFGDL2TBTS47AWHPIQA.jpg?auth=5b352afbcc8a3bb1215a046bfbd25d6048a32dfc468337bb019a8deffb1e0484&width=414)
La Comunidad de Madrid destinará 800 viviendas públicas a aquellas familias que, incapaces de pagar la hipoteca, se queden tiradas en la calle por no poder cumplir con una mensualidad a la que la crisis ha convertido en una tarea imposible. Todas forman parte del parque inmobiliario del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), que cuenta con 23.000 pisos. Los afectados podrán permanecer un tiempo máximo de cinco años en la nueva residencia, abonando cada mes un alquiler que rondará los 200 euros.
Para poner en práctica la iniciativa, en estado de gestación la semana pasada y que cobró fuerza el fin de semana, el Gobierno regional firmará un convenio en los próximos días con ONG como Cáritas, a la que el Gobierno ha tenido especialmente en cuenta por ser una de las que cuenta con más capacidad y experiencia en atención social. “Cáritas, u otras ONG en su caso, adjudicarán las viviendas a las familias desahuciadas por los bancos, analizando caso por caso la situación familiar, dando prioridad a las situaciones de mayor urgencia y necesidad, y exigiendo sentencia firme de desahucio y que no haya sido posible la negociación con el banco”, explican desde el Gobierno autonómico. Con todos estos requisitos, la Comunidad quiere “evitar que se produzca un efecto llamada”. “La intención es priorizar y ayudar al que verdaderamente lo necesite”, continúan.
En España se han ejecutado más de 350.000 hipotecas desde el inicio de la crisis en 2008. La Comunidad de Madrid se ha visto especialmente afectada por la sangría de ciudadanos atrapados en la letra de un piso que firmaron un día maldito. Más de 40.000 personas han sido desahuciadas desde que la burbuja en que se transformó España reventó. Los 150 desalojos hipotecarios impedidos son una gota de esperanza en un escenario donde los damnificados son legión: en el primer trimestre del año se practicaron 80 desahucios al día, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Para acogerse a la iniciativa se exigirá una sentencia firme de desahucio
“La situación es muy preocupante, y más en un contexto de crisis económica como la que estamos atravesando, en la que son muchos los ciudadanos que tienen que hacer frente a sus pagos hipotecarios”, asiente el presidente regional, Ignacio González, cuyo despacho en la Puerta del Sol se encuentra muy cerca de la plaza del Celenque, convertida recientemente en la zona cero en la que docenas de activistas exigen que se detengan los lanzamientos y reclaman la dación en pago ante las oficinas de Bankia.
De las 800 viviendas que la Comunidad pretende destinar para frenar el shock económico, social y moral que provocan los desahucios, aproximadamente la mitad se encuentra en la capital, y el resto están ubicadas en otros 33 municipios de la región. Buena parte de ellas comparten algo en común: han sido “recuperadas de okupaciones ilegales y necesitan ser reparadas”, expone el Gobierno madrileño. La organización no gubernamental seleccionada, que actuará de intermediaria en lo que en la Puerta del Sol definen como “un proyecto público-privada” se harán cargo de las obras de reparación. Los afectados que cumplan con los principios establecidos, además de pagar mensualmente la renta pactada, deberán cumplir con los requisitos básicos de buen comportamiento vecinal y educación cívica. Todos los procesos serán supervisados por la Comunidad.
También que no haya sido posible la negociación con el banco
La idea entronca con la de alcaldesa de la capital, Ana Botella, que en junio anunció que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) pondría en los siguientes meses 200 viviendas protegidas en manos de varias ONG por un “precio social” de alquiler de tres euros por metro cuadrados (hasta un máximo de 200 euros) para “atender principalmente a aquellas familias que, como consecuencia de la crisis, y con procesos de desahucios, han perdido o van a perder sus casas”. Apenas cuatro meses después, en octubre, anunció la práctica liquidación de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. Botella “va a alquilar y vender lo que ya tiene construido”, pero no construirá ni un piso más. En la actualidad, tiene 1.804 viviendas en marcha, de las que 432 se alquilarán y 1.372 se venderán. De las 26.301 viviendas entregadas desde 1981 por la EMVS, 4.056 son de alquiler. Sumados a los 432 en marcha, la empresa gestionará una bolsa de 4.488 viviendas. En el Registro de Solicitantes hay cerca de 13.000 personas, que se han quedado colgadas sin vivienda. Botella achacó su decisión a que el precio de la vivienda protegida es ya superior al de la vivienda libre. Según el Ministerio de Fomento, el precio medio de la vivienda libre en la capital en el tercer trimestre fue de 2.975 euros por metro cuadrado, por 2.035 en la región. El precio medio de la vivienda protegida en la Comunidad fue de 1.380 euros.
El año pasado la Comunidad ya comenzó a ayudar a algunas familias especialmente tocadas por la crisis al incorporar en sus sorteos del IVIMA un cupo especial denominado Impulso Familiar, mediante el que se adjudicaron 83 viviendas protegidas a familias que habían pasado en pocas lunas de la clase media a la pobreza. El IVIMA también ha renegociado el contrato de alquiler con más de 5.000 de sus inquilinos para que puedan hacer frente al pago de las rentas, reduciendo el alquiler hasta 40 euros al mes. También ha puesto a la venta el 40% del parque para que sus ocupantes puedan adquirir sus residencias a un precio un 60% inferior al de mercado.
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