Sacrificar incluso el empleo

Curtida en materia de austeridad, Galicia no se concede un respiro. Por eso, a medida que el Gobierno central diluye los presupuestos entre compromisos de déficit, la primera de la clase recoge complaciente cualquier reto de altura. Incluso si el desafío burla el enunciado sobre fomento del empleo de un Contrato con Galicia que ya se ha vuelto indefinido. Con el 1,5% de déficit en los talones, la Xunta no escatima en estrecheces para lucirse en la cúspide del catálogo de la solvencia. Sacar pecho con las cuentas en regla implica aplazar prioridades. También el empleo.

Avanza el paro y retroceden los fondos para ponerle freno. La mayor partida, que llega de fondos estatales y europeos a través de la Conferencia Sectorial de Empleo, achica este año el presupuesto para Galicia en más de 140 millones. En pellizcos más o menos evidentes, los tijeretazos se diseminan a lo largo de las más de 40 páginas que explican el reparto. Entre ellos se desliza un recorte que deja 109 promotores menos en las Oficinas de Empleo gallegas y vuelan 5,6 millones de euros de la partida para la inserción de personas con discapacidad. Los 106,6 millones para políticas activas que sobreviven en Galicia se repartirán entre 264.000 desocupados, 37.500 más que en 2011. Y para 2013, otro tajo de 34,5% en el Presupuesto estatal para activar el empleo amenaza con asestar el tiro de gracia.

Aunque a bocaditos se ensordece el estruendo, muchos lo sienten igual. Entre ellos, José Antonio Espantoso, que casi 20 años después de la última clase ha cambiado el maletín por una mochila y la amplitud del despacho por un pupitre de formica. La culpa es del par de muletas que sujeta desde hace ocho años y el diagnóstico médico que le truncó la carrera laboral. Licenciado en Economía y directivo de banca hasta 2010, su empresa le “procuró” la incapacidad permanente porque ya “no resultaba rentable”. Ahora invierte las mañanas en el máster que le abrirá las puertas del doctorado a falta de otra salida profesional. En los descansos, carga contra el mundo en lo que dura un café sin azúcar.

“El Inem solo sirve para registrar parados, no para darles salida”, lamenta. Se inscribió con el ánimo de asistir a cursos de formación y aún no ha recibido el primero. Para buscar trabajo lo derivan a Cogami (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade), que busca empleo a 28.000 personas con recursos “casi simbólicos” y se confiesa “al límite”. El presidente de la organización, Anxo Queiruga, recuerda que “en plena época de esplendor económico, las personas con discapacidad se movían en tasas de paro como las actuales, superiores al 70%”. Ahora, dice que sin apoyos, sus posibilidades de encontrar empleo son “casi testimoniales” y teme que la crisis se lleve 30 años de esfuerzos “de vuelta a la exclusión”.

Aunque José Antonio agradece el trato recibido, en la cartera de empleo de Cogami no hay lugar para su equipaje. “Existe la percepción generalizada de que las personas con discapacidad carecemos de formación”, lamenta. Todo lo que pueden ofrecerle son trabajos de baja cualificación pagados, “con suerte”, a razón de 1.000 euros mensuales. Su nómina rondaba los 45.000 euros al año no hace tanto tiempo.

Por arriba y por abajo, al desempleo le molesta la formación. La que le sobra a José Antonio y la que le falta a casi la mitad de los parados que el Sepe registra en Galicia. Más de 105.000 de los 259.373 nombres que pasan revista en las oficinas gallegas carecen de graduado escolar, un pedazo de papel que se volvió un problema cuando el paisaje se vació de andamios. Sin él, la mayoría de los cursos están vetados. El Sepe los oferta repartidos en tres niveles, de los que solo al primero —que ni siquiera proporciona un Certificado de Profesionalidad— se puede acceder sin estudios básicos. La mayor parte de la oferta se concentra en el intermedio. Para la mayoría de los solicitantes, con más de 40 años y una experiencia cimentada en la burbuja de la construcción, los criterios de acceso significan renunciar a la movilidad laboral.

La secretaria de empleo de Comisiones Obreras, Maica Bouza, reduce la efectividad de las ayudas a la activación de empleo a lo más mínimo. “Ni en España ni en Galicia se están haciendo políticas para la recuperación del empleo, sino todo lo contrario”, advierte. Su compañero Xavier Dongil añade a estas carencias que las Administraciones públicas no midan el impacto de la formación en la inserción laboral, con evaluaciones periódicas y publicaciones transparentes. Las propuestas de colaboración público-privada representan, en opinión del sindicato, “una nueva segregación laboral”. A este respecto, desde UGT, Domingo Barros critica que en los Presupuestos de 2013 se destinen 20 millones de euros a agencias de colocación privadas.

A punto de cumplir 40 años, María —nombre ficticio— se concentra en no perder los estribos. Ha tenido que solicitar estas ayudas con más o menos fortuna. La última, la del plan Prepara, le pegó un buen susto en julio, cuando el ministerio retrasó los pagos. Le queda un mes, de los seis que establece el programa, para que la prestación de 450 euros desaparezca, y en febrero se extinguirá definitivamente, según los nuevos Presupuestos. En las reuniones de los beneficiarios del plan se hilvanan currículums y técnicas de busca de empleo. María es de Oleiros. Su experiencia laboral transita por oficinas y quizás papeleras. Pero ella zanja la travesía pertinaz con un: “No hubo suerte”. Lo intenta, tanto como puede. “Siempre estoy mandando currículums”, agrega. Previamente había participado en el plan FIP (Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional), y a partir de ahí pasó del quiosco a ser promotora.