‘Chinatown’ baja las persianas

El polígono industrial Cobo Calleja, que según el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles (PSOE), es uno de los tres más grandes de Europa, vivió ayer una jornada sin parangón. Las alrededor de 700 empresas chinas instaladas en este parque empresarial clausuraron sus puertas en un cierre patronal sin precedentes, tal y como confirma Lin Mei Xia, una mujer que lleva más de 20 años viviendo en España, y que se convirtió en portavoz oficiosa de la asociación, que engloba a unos 5.000 trabajadores chinos. Por eso, las habitualmente bulliciosas calles de este polígono apenas tenían gente, y había plazas de aparcamiento de sobra. De hecho, varios comerciantes españoles vagaban como almas en pena por los diferentes comercios chinos, tratando de comprar, pero recibiendo en todo momento la misma respuesta: “Hemos cerrado”.

“En las principales lenguas de China existe la palabra ‘huelga’, pero no es muy habitual hacerla”, reconoció ayer con una sonrisa Yinong Chen, un joven que estudia en la Universidad Carlos III y que domina a la perfección el castellano. “Si hemos hecho esto es porque hemos detectado una importante bajada de las ventas, especialmente desde que se destapó la Operación Emperador. Y nosotros no tenemos nada que ver con todo eso”, indica Yinong Chen, que sostiene que en la universidad no ha tenido ningún problema por el hecho de ser chino.

El paro promovido por los empresarios del país asiático tiene como finalidad mostrar su rechazo a la corrupción y al blanqueo de capitales destapado por la policía en la Operación Emperador, en la que fueron detenidas unas 80 personas, muchas de ellas de nacionalidad china. “Nosotros trabajamos de lunes a sábado, unas 40 horas semanales, y a las siete de la tarde nos volvemos a casa. Y pagamos nuestros impuestos como el resto de personas que viven en España”, explica Lin Mei Xia.

Precisamente, la escasa costumbre de parar de trabajar de los chinos, y especialmente los que viven en España, hizo muy difícil convencer a todos los empresarios incluidos en la Asociación de Empresas Comerciales Chinas en España, la promotora del paro que ha secundado toda la comunidad, que se sumaran a la protesta: “Y se hace en un día, sábado, que es muy importante para nosotros porque es el día que más se vende, pues no hay que olvidar que los minoristas españoles aprovechan este día para acercarse a por género a Cobo Calleja”, relata Tianyuan Chen, una chica de 23 años que con una voz suave y en un perfecto castellano explica el sentir de los chinos que trabajan en Cobo Calleja: “Desde que se conocieron las detenciones hemos visto cómo las ventas han bajado hasta un 70%. Y es injusto, pues nosotros trabajamos en nuestro beneficio, pero también enriquecemos a los españoles, pues suministramos productos de la misma calidad que otros, pero mucho más baratos”, prosigue esta joven. Las cifras aportadas por el Ayuntamiento parecen darle la razón a Tianyuan, pues la cifra anual de negocio de los chinos en Cobo Calleja es de 870 millones de euros.

El nombre del polígono de Cobo Calleja se dio a conocer de una forma muy negativa hace dos semanas cuando centenares de policías tomaron sus calles procediendo a la detención de decenas de chinos y españoles relacionados con una presunta red de corrupción y blanqueo de capitales que sacaba dinero de forma ilegal de España.

La investigación destapó numerosas irregularidades que según la investigación se convertía en una auténtica sangría económica para la Hacienda pública. Entre los arrestados se encontraba el actor de cine de adultos Ignacio Jordá González, conocido por el nombre artístico de Nacho Vidal. Pero también el concejal socialista de Fuenlabrada, José Borrás, que tras ser liberado presentó su dimisión como concejal de Seguridad.

Las primeras filtraciones de las declaraciones de Borrás, según fuentes municipales, apuntan a que el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Fernando Andreu, se interesó en la existencia de una conversación telefónica mantenida entre Lizhem Yang, la mujer del presunto cerebro de la red corrupta, y Borrás, en la que la primera trató de fraccionar el pago del impuesto de actividades económicas (IAE) de sus empresas, por un montante aproximado a los 300.000 euros. Según las mismas fuentes, Borrás hizo la gestión “al igual que se hace con otras empresas, pero al final no fue posible fraccionar este pago, por lo que al final lo abonaron de una vez”.