González dibuja un nuevo mapa sanitario

Un anuncio tan llamativo y tan mediático como el euro por receta es capaz de dejar en segundo plano casi cualquier otra cosa. Sin embargo, y pese a la trascendencia de obligar a pagar, sin diferenciación de renta, un euro por cada medicamento que se compre en la farmacia, lo que el Gobierno de Ignacio González contó ayer en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos es una auténtica revolución en el panorama sanitario de la región. El PP madrileño nunca ha ocultado su preferencia por avanzar hacia la gestión privada de la sanidad, pero lo revelado ayer por González es un acelerón como no se había visto en los nueve años de Esperanza Aguirre en el cargo. Primera conclusión: ya no va a quedar ni un solo hospital de gestión enteramente pública.

En realidad, las decisiones del presidente no hacen sino culminar, de golpe, el camino emprendido por la presidenta, que cuando llegó a Madrid encontró una veintena de hospitales tradicionales, gestionados directamente por la Administración, que contrataba a médicos y enfermeros, pero también a celadores y administrativos. En sus nueve años en el cargo abrió diez hospitales nuevos: ninguno construido por el Gobierno regional. Siete son propiedad de las empresas constructoras que los levantaron, que gestionan todo lo no sanitario y cobran un canon por ello. El personal sanitario sigue siendo cosa de la Administración. Hasta ahora. Seis de esos siete centros (el Puerta de Hierro se ha quedado fuera) pasarán a ser enteramente privados.

El cambio —se entiende que dejarán de ser empresa pública; la Consejería de Sanidad rehusó informar ayer y remitió a una comparecencia hoy— afectará a unos 5.500 profesionales, según fuentes sindicales, que añaden que la intención del Gobierno regional es ofrecerles pasar a ser contratados por las empresas concesionarias que se queden la gestión de los centros. Toda una oportunidad de negocio para las corporaciones sanitarias: entre los seis hospitales suman unas 1.250 camas. Solo la Fundación Jiménez Díaz, centro privado concertado, recibe anualmente 300 millones de euros (307 en 2011) para atender a los pacientes madrileños que tiene asignados en sus 550 camas.

El panorama, por tanto, queda así: a los tres centros que ya nacieron siendo de gestión privada (Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y Torrejón) se suman otros seis. Casi uno de cada tres hospitales madrileños estarán en breve en manos de empresas. Los que mantienen su carácter eminentemente público también se verán afectados por la nueva ola privatizadora que ha llegado de la mano de los presupuestos: todos los hospitales tradicionales externalizan lo que no es sanitario: lavandería, restauración, mantenimiento... En realidad, el lúgubre futuro laboral de los 1.500 trabajadores interinos de estas categorías ya se conoció en junio pasado, cuando la Comunidad los declaró como “oficios a extinguir” dentro del ajuste de 1.000 millones de euros que tuvo que hacer a sus presupuestos de 2011.

Pese a todas estas novedades, que significan que la Administración se retira cada vez más de la gestión directa del servicio y prefiere pagar a un privado para que lo preste, el cambio decisivo se ha producido en la atención primaria: en los centros de salud. Por primera vez, Madrid va a externalizar el 10% de los más de 400 ambulatorios de la región. Ignacio González puso ayer como ejemplo las EBA (entidad de base asociativa) catalanas, en las que una cooperativa de médicos gestiona el presupuesto anual del centro. Pero es solo un ejemplo. Lo cierto es que el Servicio Catalán de Salud sacó a concurso el 20% de sus casi 400 ambulatorios y solo en 12 casos ganaron su gestión las EBA. El resto las llevan consorcios, fundaciones, etc.

Ninguno está en manos de empresas, pero podrían haberlo estado de haberse presentado al concurso. Ya en 2008, en una jornada en el hotel Ritz titulada “Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa”, el entonces consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, contestó a preguntas de los empresarios sobre la gestión de los centros de salud, una bicoca para ellos puesto que son la puerta de entrada al sistema. Una de las ponencias era: “La atención primaria, ¿terminará formando parte de la concesión?”. Ayer, cuatro años después, se supo que sí. Valencia tomó esa decisión hace años, cuando tuvo que rescatar sus hospitales de gestión privada: les aumentó el canon e incluyó la primaria.

Puede que en muchos casos los ciudadanos no asistan directamente al alboroto sanitario que se avecina, pero sí lo harán los pacientes de dos grandes hospitales de la capital: el Carlos III, especializado en enfermedades infecciosas (VIH-sida) y tropicales, y La Princesa, un centro general con cerca de 40 especialidades. El primero se convierte en centro de media y larga estancia; el segundo se especializará en geriatría. Sus miles de pacientes tendrán que cambiar de hospital.