Tres farmacéuticos, detenidos por traficar con medicamentos dopantes

Tres farmacéuticos de la provincia de Málaga han sido detenidos por derivar fraudulentamente medicamentos de elevado coste al mercado negro de deportistas. Los boticarios supuestamente cargaban las medicinas, generalmente anticancerígenos y anabolizantes, a las tarjetas sanitarias de jubilados que no las necesitaban para su posterior comercialización. El fraude al Servicio Andaluz de Salud y a la mutualidad de funcionarios Muface supera los 500.000 euros, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Las oficinas de farmacia investigadas se encuentran en el núcleo marbellí de San Pedro de Alcántara y en el municipio de Almargen, y, según fuentes próximas al caso, sus titulares "tienen lazos familiares" entre ellos. En la operación, bautizada como Apoteque, han sido imputados como cooperadores necesarios 23 médicos. Según el instituto armado, estos facultativos no cumplieron los protocolos básicos de observación del paciente y revisión de su historial clínico que hubieran hecho imposible el fraude.

La operación se inició a finales de 2011, cuando la Inspección de Farmacia de la Junta y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil detectaron que en una oficina de farmacia se vendía un volumen del fármaco Rubifén –utilizado para tratar la hiperactividad infantil- muy superior a la media. Al analizar el resto de ventas, se comprobó que la botica despachaba cantidades muy elevadas de determinados fármacos anticancerígenos, susceptibles de ser utilizados en el mercado negro para aumentar el rendimiento deportivo.

La investigación determinó que el cabecilla de la trama, empleado de la farmacia, utilizaba las tarjetas sanitarias de jubilados para cargar las medicinas, que posteriormente él mismo retiraba para su venta en el circuito ilegal. Este oficial de farmacia llegó a prescribir a hombres fármacos para el cáncer de mama y a mujeres medicinas para el cáncer de próstata, según la Guardia Civil. Los investigadores verificaron que los jubilados ni habían recibido esos medicamentos ni habían sido diagnosticados con las enfermedades para los que estaban indicados.

Cuando varios médicos se percataron de que a sus pacientes se les estaba prescribiendo ilegalmente medicinas que no necesitaban, el principal encausado cambió de forma de actuar. Empezó a falsificar informes médicos y recetas de médicos privados para conseguir ciertas sustancias anabolizantes. En el registro de su vivienda se encontraron diversos fármacos por valor de 60.000 euros, así como once sellos falsificados a nombre de médicos, varios talonarios de recetas de Muface, más de cien recetas del SAS con su correspondiente cupón precinto, y material informático.