La Cámara de Cuentas constata el descontrol del fondo de los ERE

La Cámara de Cuentas ha constatado el descontrol con el que la Junta concedió ayudas del fondo de los ERE, dotado con 721 millones entre 2001 y 2010, mediante un procedimiento ajeno al previsto por la ley. En su informe definitivo sobre el fondo, el órgano fiscalizador denuncia tras un año y medio de trabajo de campo el “abuso de la discrecionalidad” para dar subvenciones y el sistema alegal que siguió la Consejería de Empleo, entre otras múltiples irregularidades. La Cámara de Cuentas identifica “responsabilidades contables y administrativas”, que ahora concretará el Tribunal de Cuentas tras recibir el informe.

El documento, además, se ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción por el caso judicial en marcha, al Parlamento y a su comisión de investigación, la primera creada en Andalucía en 18 años.

Las conclusiones del informe son demoledoras. Sus 313 párrafos analizan al detalle cómo se concedieron “sin convocatoria pública ni bases reguladoras” 721 millones en ayudas (el fondo se había cifrado en 647 millones) gracias al caos que reinó en Empleo. El ex director general que concedió la mayoría de las ayudas, Javier Guerrero, y su superior, el exconsejero Antonio Fernández, ingresaron en prisión provisional, aunque ya están en libertad.

El descontrol es patente para los auditores: “Los expedientes presentan importantes deficiencias de organización, control y custodia (desorden cronológico, duplicidad de documentos, ausencia de firmas, etc.) (...) No se ha dispuesto de un sistema de seguimiento presupuestario que permitiese conocer los créditos disponibles en cada ejercicio”. Ningún expediente fue notificado a la Unión Europea para su autorización, tal y como era preceptivo.

El Tribunal de Cuentas y la fiscalía analizarán ahora el informe definitivo

En los pagos de los ERE es llamativo que solo tres expedientes acapararan el 47% del fondo: Santana, Faja Pirítica y Delphi. Solo la póliza de esta última firma costó la friolera de 250 millones. “Los documentos adolecen de firmas, se observan errores de fechas, ausencias de condiciones generales y/o los particulares de los contratos de pólizas”. En la negociación entre Junta, sindicatos y empresas intervino un invitado de excepción: el intermediario. Las consultoras Vitalia y Uniter percibieron en torno a 68 millones en comisiones, un pago que la Junta ya ha eliminado porque ocasionó abusos que se situaron sobre el 10% aunque, en algún caso, ascendieron al 29% de la póliza, cuando la media del mercado ronda el 3%. Para los auditores, la Junta evitó la fiscalización previa de las ayudas e hizo un “uso inadecuado de las transferencias de financiación (el instrumento utilizado para pagar las subvenciones)”. Además, el 96% de las ayudas superaban las competencias de Guerrero y algunas debieron ser aprobadas por el Consejo de Gobierno.

A pesar de los cambios introducidos desde que se conoció en primavera el avance del informe, luego el provisional, hasta llegar al definitivo, la Cámara de Cuentas censura el sistema de ayudas cuya legalidad ahora defiende la Junta con uñas y dientes. Además de subrayar la falta de bases reguladoras, su falta de publicación en el Boja y cuestionar el convenio marco que amparaba las ayudas, los auditores dejan claro que la Junta “prescindió absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto”.

Los auditores censuran el sistema y se alinean con la juez y la fiscalía

Es decir, la Cámara de Cuentas se alinea en cierto modo con la juez Mercedes Alaya, la fiscalía y la Guardia Civil al censurar con dureza el sistema utilizado por Empleo. “Aún admitiendo el carácter excepcional de las ayudas (...) su permanencia en el tiempo y reiteración en su concesión, hubieran justificado su tramitación a través de un procedimiento de carácter reglado”, señala el informe.

El abuso de la discrecionalidad para subvencionar 126 ERE y 275 ayudas directas a empresas, entre ellas 15 entidades públicas, ha motivado “incumplimientos” y una llamativa concentración de las ayudas. La Sierra Norte sevillana, comarca de origen de Guerrero y a la que estaba vinculada el exconsejero José Antonio Viera, acaparó el 60% de las ayudas directas. Mientras que estas irregularidades han motivado que la Junta revise de oficio todas las ayudas directas para reclamar el dinero, los ERE han quedado al margen ya que la Administración ha priorizado la buena fe de los prejubilados que perciben las pólizas.

A pesar de la contundencia del informe, tres consejeras nombradas por el PP emitieron un voto discrepante por la eliminación de varios párrafos, entre ellos uno que cuestionaba el papel del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, durante su etapa como consejero de Economía, ante las ampliaciones presupuestarias del fondo, que supusieron 101 millones adicionales.

El informe salva definitivamente el papel de la Intervención General, que optó por no emitir el informe de actuación sobre el fondo, después de las alegaciones de este órgano.

Esta biblia técnica desgrana los 73,8 millones entregados a las empresas, los 11,2 millones que percibieron ilegalmente 126 intrusos (personas ajenos a las firmas beneficiadas) y los 1.217 millones que costará el fondo cuando acabe de pagarse, intereses de demora incluidos. La mayor muestra del caos que gobernó el fondo son los 11 millones que pagó Guerrero mediante 34 pagos cruzados que evitaron a la agencia Idea, pese a ser preceptivo.