“Estimado padre: le corresponde valorar el ‘tupper”

El rechazo de las familias a la fiambrera escolar, una “medida anti-crisis” promovida por la Generalitat Valenciana, es ya un hecho. Sólo 10 centros escolares públicos de los 1.300 que hay han aprobado implantar este tipo de menús en las escuelas. Ante el “fracaso” de esta opción alimentaria, contraindicada por los expertos de nutrición de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Esquerra Unida ha pedido hoy jueves su retirada.

“Estimado/o padre/ madre: la novedad de este curso es la referencia a la posible utilización del tupper por parte del alumnado. Al Consejo Escolar del centro del próximo jueves 27 le corresponde valorar este hecho y, en consecuencia, decidir su aprobación o no”. Cartas tipo como esta del colegio público Vicente Blasco Ibáñez de Rafelguaraf (Valencia) han sido dirigidas a las familias para que tomen una decisión a favor o en contra de la fiambrera en las escuelas.

La decisión mayoritaria y unánime ha sido el rechazo a la vuelta de las fiambreras al sistema educativo. Este recurso promovido por los gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana y Madrid, solo ha sido aprobado por los consejos escolares de siete colegios en la provincia de Valencia y tres en Castellón. Alicante, la provincia con más problemas por la considerable reducción de rutas y becas de transporte escolar y, por tanto, de ayudas al comedor, ha dicho un no rotundo. Ningún centro escolar acepta esta fórmula.

Para la síndica de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Marga Sanz, “el contundente pronunciamiento de los centros en contra del tupper demuestra lo que EU advirtió desde hace meses: que la medida es sumamente negativa, generaría diferencias entre brutales entre el alumnado y no iba a ser bien aceptada”.

Sanz denuncia que “la obsesión del PP por los recortes llega a evidenciar que la salud del alumnado le importa poco o nada” y pide a la consejera de Educación, María José Catalá, que vista la realidad de las familias y los centros “reflexione y retire la propuesta”.

La diputada de izquierdas considera que la fiambrera genera “un clasismo intolerable en la aulas” y recuerda que Semergen ya se pronunció en contra. El Grupo de Nutrición de esta sociedad médica advirtió en agosto que el uso continuado de la fiambrera pude llevar a los padres a “llenar los tuppers de sus hijos con alimentos de fácil conservación” y “los niños en edad de crecer no pueden estar comiendo todos los día de bocadillo o sándwich”.

La fiambrera, sin una cadena de frío y calor que garantice la buena conservación de los alimentos desde que llegar al colegio a las 8 o 9 de la mañana, va en detrimento del uso normalizado de víveres como leche, quesos, pescados, verduras o legumbres porque estos alimentos se estropean fácilmente. Algo que, Semergen, considera “los más saludables y necesarios para el crecimiento de los escolares”.

Pese a que la Consejería de Educación ha decidido mantener las ayudas diarias al tupper, con 1,45 euros por niño diarios para cubrir los gastos de limpieza y monitor, solo una decena de colegios valencianos han tomado esta decisión. Los directores y las federaciones de padres ya rechazaron públicamente esta fórmula en septiembre.  EU insta ahora a Catalá a “reflexionar sobre el pronunciamiento de los centros al respecto y a retirar esta iniciativa de forma definitiva”.

Solo hay una frase en las diez páginas de la orden del 13 agosto que regula el funcionamiento del comedor escolar relativa a la autorización de llevar fiambrera a las escuelas como elemento nutritivo sustitutivo del servicio de comedor escolar, que hasta ahora se contrataba mediante concurso público con empresas especializadas de catering.“No se permitirá el consumo de alimentos que no hayan sido suministrados por la empresa adjudicataria, salvo autorización adoptada por acuerdo del consejo escolar”. Es decir, solo se autorizará si las asociaciones de padres y equipos directivos optan por suprimir el servicio de catering y sustituirlo por el tupper traído de casa.

La orden ha sido descalificada en un informe de la propia Abogacía de la Generalitat que considera ambiguos y contrarios a la ley párrafos enteros de su redacción.