El freno a la vivienda protegida en Madrid deja colgadas a 11.200 familias

Pese a que la alcaldesa, Ana Botella (PP), considera que la capital no necesita más vivienda protegida, al menos 11.200 familias apuntadas a la lista para acceder a un piso barato se quedarán sin esa oportunidad por la decisión del Ayuntamiento de no construir ni uno más. Eso dará la puntilla además a los barrios en desarrollo, paralizados por el estallido de la burbuja inmobiliaria y que debían acoger en principio un gran volumen de pisos protegidos.

En todo el país hay 676.038 viviendas sin vender, según los datos del Ministerio de Fomento a 31 de diciembre de 2011. En la Comunidad de Madrid esa cifra se reduce a 45.437 viviendas (11% menos que en 2010). Pese a que el precio de la vivienda libre ha caído un 25% desde su cota más alta, en 2008, sigue siendo muy superior al de la vivienda protegida. Así, según Fomento, el precio medio en la capital es de 2.975 euros por metro cuadrado, y de 2.035 en la región. El precio medio de la vivienda protegida en la Comunidad es de 1.380 euros.

El Ayuntamiento de Madrid concluyó en primavera que la construcción de viviendas en los últimos 15 años no se ha adecuado a las necesidades de la población, lo que, junto con el “fuerte incremento de precios” ha provocado “una dificultad de acceso para determinados colectivos”. Pese a ello, la alcaldesa afirmó el martes: “No parecería propio dedicarse a construir viviendas cuando sabemos que no son necesarias”. La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) “va a alquilar y vender lo que ya tiene construido”, y no hará más.

En la actualidad, tiene 1.804 viviendas en marcha, de las que 432 se alquilarán y 1.372 se venderán. Su precio es tres veces inferior al de mercado, según dijo Botella en diciembre. De las 26.301 viviendas entregadas desde 1981 por la EMVS, 4.056 son de alquiler. Sumados a los 432 en marcha, supone una bolsa de 4.488 viviendas que se dedicaran en régimen de rotación a los sectores más necesitados de la sociedad.

En el Registro de Solicitantes del Ayuntamiento hay cerca de 13.000 personas. Si restamos las 1.800 que podrían acceder a los pisos ya en construcción, quedan 11.200 familias que se quedarán sin vivienda protegida. Pero esa cifra puede ser superior porque parte de las casas en marcha tendrán que dedicarse también a cubrir otra de las funciones de la EMVS: la erradicación del chabolismo y el realojo. Queda por ejemplo pendiente el poblado de El Ventorro (Villaverde), donde se atenderá a 89 familias entre este año y en 2013. Mención aparte merece la Cañada Real: la Comunidad debe desvelar en breve (prometió hacerlo en septiembre) el plan para erradicar el asentamiento, donde viven 8.628 personas (5.666, en la capital).

¿Cómo hacer frente a esa necesidad de vivienda protegida que Botella niega? A tenor de las palabras de la alcaldesa, deberá ser la Comunidad, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), la que asuma el problema.

El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, propone pactar con los bancos para que ofrezcan como vivienda barata de alquiler aquellos pisos que son incapaces de poner en el mercado. Y añade: si se niegan, la Administración debería instar a aquellas que han recibido dinero público.

Tampoco ha aclarado el Ayuntamiento en qué situación quedan los nuevos barrios en construcción, cuya viabilidad ya han puesta en duda (“habrá que repensarlos”, dijo el vicealcalde), pero que además están planteados con la previsión de construir en ellos miles de viviendas protegidas. En total, en los distritos de Villa de Vallecas y Vicálvaro hay 3.691 hectáreas en desarrollo, preparadas para acoger 101.009 pisos. Ahora, tanto la vivienda libre, ahogada por el estallido de la burbuja, como la protegida, finiquitada por decisión de la alcaldesa, tendrán que “repensarse”, lo que, en opinión del Ayuntamiento, debería concluir en que gran parte de ese terreno se convierta en forestal.