La Generalitat intentará colocar Tabasa y Cadí con un proceso “negociado”

Desierto. El concurso de los túneles de peaje de Tabasa y Cadí ha seguido el mismo camino que la mayor parte de procesos de privatización iniciados por la Generalitat, el del fracaso. La mesa de contratación del Departamento de Economía asumió ayer que la única oferta presentada, la de Abertis, no cumplía las condiciones necesarias y acabó cerrando el proceso sin adjudicatario. Sin embargo, las necesidades autonómicas de conseguir nuevos recursos con los que reducir el déficit presupuestario de 2012 ha obligado a crear una nueva vía: Economía abrirá un “procedimiento negociado” para lograr adjudicar la explotación de los túneles del Cadí y de Vallvidrera y conseguir así los 294 millones de euros previstos para 2012 antes de que finalice el año.

“En este nuevo proceso se mantendrán las condiciones esenciales del concurso anterior”, señaló ayer el departamento a través de un comunicado. Lo básico, en ese caso, es mantener el canon que tendrá que pagar la empresa que acabe explotando los dos tramos de carretera durante los 25 años que marca el contrato, que continuará fijado en 430 millones de euros. Con el pliego de condiciones inicial, en el momento de la adjudicación se tenía que abonar el 70% de esa cantidad.

Los técnicos de Economía tendrán que definir en un breve plazo de tiempo cómo prosigue el proceso, si bien fuentes de la consejería admitían cierto optimismo, al considerar que un proceso negociado ofrece mayor flexibilidad y posibilidades de que se cierre con celeridad. Abertis será una de las invitadas al proceso, además de otros grupos que mostraron su disposición a pujar por ambas concesiones. Una de ellas, Cintra, del grupo Ferrovial, también podría ser incluida en ese listado, al ser la concesionaria de otros tramos del eje viario en el que se encuentran los túneles del Cadí y Vallvidrera.

Economía admitía ayer que los túneles y sus accesos son un “activo” de la Generalitat y aseguró que la operación permitirá “gestionar de la manera más adecuada y eficiente posible las infraestructuras”, además de “reducir el sector público” amortizando dos empresas públicas.

El consejero Andreu Mas-Colell presentó los presupuestos de la Generalitat de 2012 asegurando que conseguiría 888 millones de euros por los distintos procesos de ventas de activos públicos y de privatizaciones que se realizarían este año. Por el momento, las arcas autonómicas únicamente han visto entrar 69 millones de euros por la venta de edificios públicos.

La gran esperanza es cerrar la privatización de Cadí y Tabasa y la de Aguas Ter-Llobregat, que este ejercicio podría aportar otros 300 millones de euros. Sea como sea, la estimación inicial de ingresos difícilmente se podrá cumplir, por lo que también está en peligro el objetivo de déficit, del 1,5%. Hasta agosto este estaba contenido, pero el final de año, con mayor descontrol en la partida de gastos, marcará la posibilidad de cumplirlo.