Guerrero se declara incapaz de pagar la fianza pese a una nueva rebaja

El ex director general de Trabajo Javier Guerrero es el único imputado que aún permanece en prisión preventiva por el caso de los ERE. Siete meses después de ser encarcelado, la fianza de Guerrero ha pasado desde los 250.000 euros iniciales hasta la quinta parte: 50.000 euros. Pero esta cifra que ayer decretó Iván Escalera, el juez sustituto de la instructora Mercedes Alaya, no es suficientemente baja para que el ex alto cargo de la Junta pueda abonarla y salir en libertad. Guerrero dice que no dispone de liquidez para afrontar la fianza impuesta, y de momento es el único de los 60 imputados del caso que permanece en la prisión de Sevilla 1.

“Mi cliente tiene una sensación agridulce (...) No tiene ese dinero, así que habrá que moverse e intentar conseguirlo”, resumió ayer el abogado del ex director general, Fernando de Pablo, tras serle notificado el auto del juez Escalera, que ahora recurrirá probablemente ante la Audiencia de Sevilla. El magistrado rebajó la fianza de 150.000 a 50.000 euros (ya había sido reducida el pasado verano de 250.000 a 150.000 euros). “Es justo que el recurso se estime por parte de la Audiencia”, añadió De Pablo. La esperanza del letrado reside en que los magistrados han decretado poner en libertad al exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, y previamente habían fijado una fianza de 450.000 euros para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, después de que la juez Alaya le impusiera prisión incondicional sin fianza.

Guerrero es el principal imputado del caso y está acusado de cohecho y malversación continuadas, entre otros delitos. La juez Alaya le impuso la prisión incondicional por los riesgos de fuga y de que pudiera alterar pruebas clave de la instrucción, razones que ahora mantiene Escalera, según explicó ayer De Pablo. Los argumentos de la magistrada denunciaban el caos que imperó en la dirección general: “Omitió clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legal. Desvió fondos públicos para su lucro personal. Demostró una absoluta falta de diligencia”. “Permitió el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos andaluces”. Y Alaya aceptó como veraz la severa acusación de Trujillo: “Ambos acudían a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Juan Francisco Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas”, denunció en un auto la magistrada.

Esta semana la Audiencia decretó la libertad para el exconductor al apreciar “cierto agravio comparativo entre la situación personal del Sr. Trujillo y la de otros imputados”, según el auto. Los magistrados destacaron que hay otros empresarios en la causa que permanecen en libertad y también recibieron ayudas directas ilícitas, al igual que Trujillo.

La última comparecencia de Guerrero fue en la comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento. La Guardia Civil le trasladó desde prisión y el imputado echó balones fuera: “Ni he sido un putero ni me he dedicado a la drogodependencia, y me tomo las copas que me apetece. Soy fumador y me gusta el gin-tonic”, dijo sobre sus aficiones. A continuación, responsabilizó a los Gobiernos de la Junta, sus servicios jurídicos, la Intervención General, los empresarios y sindicatos por conocer el fondo para empresas en crisis y ampliarla año tras año, mientras que él solo actuaba como un brazo ejecutor de la partida.