El Superior vasco pide soluciones a las familias "sobreendeudadas"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha afirmado que la realidad social actual "compromete" a los juristas a "extremar las posibilidades" de hacer un "buen derecho" en defensa de los intereses legítimos de las familias sobreendeudadas. Ibarra se ha pronunciado, de esta manera, en la inauguración de unas jornadas en Bilbao para buscar soluciones dirigidas a los deudores hipotecarios, y organizadas por el Colegio de Abogados de Bizkaia. En el acto de inauguración ha participado, además, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, así representantes de 'Stop Desahucios', entre otros.

Durante su intervención, Ibarra ha señalado que, si la crisis "justifica" el rescate "supermillonario" de las entidades bancarias afectadas por la burbuja inmobiliaria, con "mucha mayor razón", la crisis "debe dotar de legitimidad al rescate de las familias que, en ese mismo contexto, se encuentran en riesgo de perder su vivienda". Tras destacar que a lo largo de las jornadas los participantes prestarán una atención especial a la defensa de los intereses jurídicos legítimos de "un creciente número de familias abocadas a la pérdida de su vivienda habitual al no poder hacer frente a las deudas contraídas con los bancos",

El fiscal superior advierte de que "en este tema también tiene algo que decir"

Ibarra ha insistido en que los propietarios deudores, en su mayoría "familias sobreendeudadas", son deudores "de buena fe", que suscribieron préstamos hipotecarios a largo plazo para afrontar "el entonces altísimo precio de una vivienda habitual". A su juicio, "lo hicieron de buena fe, confiados en la estabilidad laboral de los miembros de la familia y animados por la facilidad en la obtención del crédito inmediato", ha señalado. Sin embargo, ha indicado que, años después, con una crisis económica de efectos "devastadores" sobre el empleo, que "sustentaba la capacidad económica de estas familias", ha traído la consecuencia "dramática" de que estas personas sobreendeudades "no pueden ahora hacer frente" a los pagos de la deuda contraída.

En este sentido, ha advertido que este endeudamiento pasivo se ha producido en unas condiciones contractuales "de muy alto tipo de interés" propias de los créditos de "alto riesgo", facilitadas por "la urgencia en la obtención de liquidez" y otorgados en condiciones "abusivas", con "neta vulneración" de los derechos del consumidor.

En consecuencia, ha considerado, el perfil de las personas sobre cuyo patrimonio se efectúa la garantía hipotecaria "no se corresponde con la figura del deudor moroso, negligente o de mala fe", que se tuvieron presentes al regular el procedimiento ejecutivo de las mismas. En este punto, el presidente del TSJPV ha recordado el Real Decreto Ley 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, aprobado por el consejo de ministros a inicios de marzo, que ofrece "recomendaciones" a las entidades financieras con el fin de que asuman un código de buenas prácticas en este ámbito. Para Ibarra, la adopción de medidas contempladas en el mismo resulta "imprescindible" para ofrecer protección a un colectivo social en situación de "extraordinaria vulnerabilidad" en el contexto económico generado por la crisis, y sobre el que la intervención pública "no puede demorarse más".

Según Ibarra, "tras siete meses desde la entrada en vigor de esta normativa, sin embargo, no han dejado de producirse los procedimientos ejecutivos hipotecarios, aunque también es cierto que las medida del Gobierno central ha abierto el paso a una forma de dación en pago de la vivienda habitual como medida sustitutiva de la ejecución de la hipoteca", ha valorado, si bien ha recordado que su aplicación no es obligatoria sino voluntaria por parte de las instituciones financieras prestamistas.

En esta línea, ha valorado "positivamente" la iniciativa del Ejecutivo vasco sobre la creación del Servicio de Ayuda al Sobreendeudamiento Familiar, constituido por profesionales del mundo de la abogacía, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones para la liquidación de la deuda sin pérdida de la vivienda habitual a través de la mediación con las entidades financieras.

Sin embargo, ha advertido de que estas dos medidas "no han parado la línea tendencial de incremento de las ejecuciones hipotecarias", por lo que ha recordado que la realidad social actual "compromete a los juristas a extremar las posibilidades de hacer un buen derecho en defensa de los intereses legítimos de las familias sobreendeudadas".

Más adelante, ha indicado que "nos toca, no solo a los jueces, sino también a los abogados, notarios, registradores y hasta los fiscales, a hacer un derecho vivo y viviente que se adecue a la realidad de las personas sobreendeudadas de buena fe, que la crisis ha colocado en una situación de extrema vulnerabilidad", ha estimado.

Por su parte, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha manifestado que el Ministerio Público tiene también "algo que decir" ante esta situación "tan dramática", originada por la "terrible" crisis económica, en la que el interés social y el derecho a una vivienda digna se encuentra "claramente condicionado".

Tras explicar que la fiscalía no es parte en el proceso civil ordinario de ejecución hipotecaria, que en la mayoría de los casos conlleva el desahucio, Calparsoro ha señalado que "se pueden buscar fórmulas" para que el Ministerio Público intervenga "desde una visión práctica". En este sentido, ha recordado que una de las funciones de la Fiscalía es velar por los derechos fundamentales y libertades públicas "con cuantas actuaciones exija su defensa", así como la defensa del interés social.

Asimismo, Calparsoro ha indicado el Ministerio Fiscal podría intervenir en un proceso de desahucio en aquellos casos en que, si bien la parte demandada no sea un menor, sí se encuentre afectados por el desahucio "al convivir en un grupo familiar".

En este caso, ha dicho, "cabe plantearse que si la persona a quien se va a desahuciar carece de la capacidad para defenderse", la Fiscalía "podría intervenir en el proceso para buscar algún tipo de fórmula, informe o postura que pudiera conllevar un pronunciamiento judicial favorable al deudor", aunque "partiendo siempre" del principio de legalidad, el cual "no podemos quebrantar", ha detallado.

Sin embargo, ha insistido en que, dentro de ese principio de legalidad, existen "ciertos márgenes de interpretación" que "pueden favorecer" pronunciamientos que sean "más favorables" al deudor, teniendo en cuenta diversas circunstancias sobrevenidas, como la pérdida del empleo, que no era "previsible" en el momento en que la entidad financiera, de manera "agresiva" y con "obvio ánimo de enriquecimiento, otorgó el préstamo al ciudadano".

Por tanto, ha señalado que existe la posibilidad de intervención de la Fiscalía en los casos en que puedan estar en juego intereses de menores, o en los que se valore, por parte del órgano judicial, que la posición jurídica del deudor "no esté lo suficientemente protegida".