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La Guardia Civil investiga el desvío de fondos públicos con empresas pantalla

El juez sustituto del caso de los ERE autoriza a los agentes a indagar el flujo del dinero de la Junta destinado a los intermediarios y aseguradoras

Javier Martín-Arroyo
Dos miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una operación el pasado marzo.
Dos miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una operación el pasado marzo. GARCÍA SANTOS

Iván Escalera, juez sustituto de la instructora Mercedes Alaya que investiga el caso de los ERE, ha autorizado a la Guardia Civil para que investigue las cuentas bancarias de empresas pantalla. La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto armado había solicitado permiso al magistrado para investigar los sobrecostes que presentaron las pólizas suscritas por la Consejería de Empleo y pagadas con los fondos públicos. Los agentes habían remitido un oficio al juez el pasado 21 de septiembre con el siguiente objetivo: "Ahondar en los indicios indicados sobre la utilización de las que denomina empresas pantalla, con o sin su consentimineto, con el fin de introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas suscritas con financiación de la Junta de Andalucía", subraya el auto del pasado nueve de octubre firmado por Escalera.

La Guardia Civil buscaba identificar los titulares de las cuentas para determinar el flujo de dinero a través de estas empresas pantallas, un circuito que queda plasmado en el próximo atestado de la Guardia Civil sobre dichas firmas, que ya posee el juzgado y que este trasladará a las partes el próximo viernes. "Mandamientos a las entidades bancarias indicadas para que además de la información sobre determinados productos bancarios (...) se informe sobre el número de cuenta de origen y titularidad de los cheques presentados al cobro en las diferentes entidades bancarias (...) para aclarar en definitiva el destino último de los fondos públicos", detalla el auto.

El juez ordena a los bancos para que suministren la información sobre apertura, titularidad y autorizados, listado de movimientos bancarios, todo ello en archivo informático. Mientras tanto, la juez Alaya permanece de baja por enfermedad desde el pasado 3 de septiembre.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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