Los acusados por la tragedia de Sant Boi aceptan su culpa y eluden la cárcel

Las familias de las víctimas de la tragedia de Sant Boi ya pueden empezar a cicatrizar sus heridas y mirar hacia el futuro. Dos técnicos municipales y el dueño de una constructora asumieron ayer sus culpas por la caída de un túnel de bateo que, el 24 de enero de 2009, segó la vida de cuatro niños. Los tres acusados aceptaron lo que los padres de las familias venían reclamando desde hacía tres años: que el accidente se pudo evitar, que el fuerte viento de aquella jornada no levantó por sí solo el techo sino que los defectos de construcción también fueron determinantes en el suceso.

La tragedia del campo de béisbol de Sant Boi, una de las más graves ocurridas en Cataluña en los últimos años, se cerró con un pacto que, aunque no del todo, satisface a las partes en liza. Los tres acusados —la ingeniera de Sant Boi, un arquitecto técnico del Consistorio y el constructor— asumieron su parte de responsabilidad y se conformaron con dos años de cárcel. La fiscalía solicitaba para ellos cuatro años de prisión por cuatro delitos de homicidio imprudente. Como ninguno de ellos tiene antecedentes penales, la pena mínima les permitirá eludir el ingreso en prisión. A petición de las defensas, la magistrada decidió ayer mismo dejar en suspenso la pena.

Aunque los acusados asumen el relato de hechos de la fiscalía, la condena no lleva aparejada una pena de inhabilitación, por lo que podrán seguir ejerciendo en el Consistorio, de donde no han sido apartados.

Los familiares de los cuatro menores muertos y de los nueve heridos recibirán 2,2 millones en concepto de indemnización. Las compañías aseguradoras asumirán la mayor parte de esa cantidad (1,7 millones), mientras que el resto irá a cargo del Ayuntamiento de Sant Boi, que, como propietario del campo de béisbol donde ocurrió el accidente, figuraba como responsable civil subsidiario en la instrucción.

Coincidiendo con el acuerdo que pone fin a uno de los capítulos más negros de la historia de Sant Boi, su alcalde, Jaume Bosch, remitió una carta de disculpa a las familias afectadas. “Pido disculpas si en algún momento no se han sentido lo bastante acompañadas y comprendidas”, escribe Bosch en su misiva, en la que añade que la intención del Ayuntamiento ha sido, desde el primer día de la tragedia, “estar al lado de las familias”.

En el primer aniversario de la muerte de Joel, Èric, Xavier y Mario —jugadores del Béisbol Sant Boi de entre 8 y 11 años— las familias plantaron al alcalde. Este esbozó entonces tímidas disculpas, aunque en estos tres años ha defendido siempre que el túnel de bateo se hundió únicamente por culpa del viento. Bosch afirmó que el accidente fue “inevitable” y que la instalación era “adecuada”. La postura del edil irritó a las familias, sobre todo porque, también desde el primer momento, los informes periciales apuntaban en el sentido contrario: los defectos del túnel de bateo, junto con la acción del viento, provocaron la tragedia.

Bosch tuvo que mudar ayer su discurso. “Asumimos que hubo deficiencias constructivas; lo reconocemos sin ningún problema”, afirmó el edil, feliz por que se hayan “depurado responsabilidades” y se haya evitado un juicio “doloroso” para las familias. El alcalde anunció que reabrirá el expediente disciplinar a los dos técnicos —suspendido durante la instrucción del caso— “para ver si, complementariamente a la sanción penal, debe haber alguna sanción laboral”. La abogada del Ayuntamiento, Maria Saló, recordó que el día del accidente hubo “condiciones meteorológicas excepcionales” y subrayó que el Consistorio ha hecho “todo el esfuerzo para reparar el daño” a las víctimas.

El siniestro ocurrió pasadas las once y media de la mañana. Un grupo de niños entrenaba en el club. El temporal de viento barrió las previsiones: en el Baix Llobregat, algunas rachas superaron los 135 kilómetros por hora. El techo se derrumbó en pocos segundos, como registraron las cámaras de la policía local. Además de los cuatro fallecidos, el accidente dejó nueve heridos: siete niños y dos monitores.

Según los peritos judiciales, hubo irregularidades tanto en el proyecto como en la ejecución del túnel de bateo. Había un “estado latente de riesgo” y la instalación era “incapaz de soportar la sobrecarga de viento”. Cuando este sopló con fuerza, cedió.

A partir de esas conclusiones, el juez instructor concluyó que la estructura “no reunía las condiciones precisas y necesarias de solidez y seguridad”. Entre otras cosas, el techo no estaba bien anclado y los bloques de hormigón no se habían rellenado para reforzar la estructura. El edificio tampoco cumplía todos los requisitos de seguridad de la época.

En sus declaraciones ante el juez, los imputados negaron su responsabilidad en los hechos. El arquitecto técnico, Daniel Cao, reconoció que firmó sin haber supervisado las obras, pero matizó que no era necesario y apuntó a la arquitecta municipal, Carmen Ruiz. El constructor, José María García, dijo que se ciñó al proyecto que le había presentado el Ayuntamiento.