“Nos pagaron pero no nos dieron ni el mono de trabajo”

Pedro Pérez ha cobrado 700 euros por trabajar en una obra pero no llegó ni a pasar de la puerta. No llegó a probarse el traje de faena. “Nos hicieron firmar que nos habían entregado el mono y las botas pero ni nos los dieron. Nos pagaron con un cheque en la entrada del recinto y nunca más volvimos”. Él es uno de los 75 operarios que fueron dados de alta en las obras del entorno del castillo de Santa Catalina de Cádiz, sufragadas con el Programa de Transición al Empleo, el plan Proteja, pero que nunca llegaron a trabajar. La Junta de Andalucía ha retenido el dinero de la subvención autonómica al Ayuntamiento de Cádiz, que, a su vez, culpa al Gobierno andaluz de haber favorecido, con las condiciones impuestas en el plan, las “trampas” que algunas empresas para conseguir las ayudas.

A Pedro Pérez y el resto de sus compañeros les llamaron del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a finales de 2011 para trabajar en esa obra. La empresa Peninsular de Contratas S.A., elegida por el Ayuntamiento de Cádiz con fondos del Proteja, estaba ejecutando la conversión en paseo peatonal del acceso al castillo de Santa Catalina. Los trabajos estaban presupuestados en casi 600.000 euros y habían generado 28 puestos de trabajo. Cuando las labores estaban a punto de concluir, la empresa decidió llamar a otros 75 operarios, entre ellos Pedro Pérez. “Yo estaba en el paro, nos llamó el SAE para hacer vigilancia y limpieza durante dos semanas. Firmamos el contrato en la oficina del SAE y fuimos a la obra”. El contrato era para 11 días. Pero apenas estuvo minutos. “Nos recibieron en la puerta, en el terraplén de acceso al castillo, nos dieron un cheque de 700 euros y un documento de que habíamos recibido la ropa de trabajo. Y a casa”.

Pérez cuenta que, en seguida, supo que se trataba de lo que él denomina como un “chanchullo” pero admite que no lo rechazó. “Yo era un parado de larga duración, me daban 700 euros y me venían como agua de mayo”. Pero su decisión ha tenido consecuencias negativas porque, de estar a la cabeza en la lista de demandantes de empleo, ha pasado a estar al final por un contrato “fantasma”. Además su cotización a la Seguridad Social fue anulada. La Inspección de Trabajo, tras la denuncia de tres operarios, descubrió el supuesto engaño e instó a la Seguridad Social a dar de baja a los 75 tras descubrir que jamás habían realizado esas tareas.

El Gobierno andaluz ha retenido 50.000 euros como garantía de recobro

Para justificar la repentina necesidad de esa plantilla tan abultada en una obra que ya estaba terminada, la empresa ideó una relación de puestos de trabajo que incluía funciones tan peregrinas como la de pintar de amarrillo unas vallas, para las que contrató a cuatro trabajadores, o de la reponedor de palmitos y petunias. La función de Pedro Pérez era la de “repasador con mortero de arqueta”.

La Junta de Andalucía, tras el informe de la Inspección de Trabajo, instó al Ayuntamiento a aclarar el supuesto fraude y a devolver el dinero de la subvención correspondiente a esos contratos. El PSOE de Cádiz va a pedir en el próximo pleno una comisión que aclare por qué el Consistorio no actuó ante esta presunta irregularidad, a pesar de que había contratado una consultora externa para el seguimiento de esta y otras obras financiadas por planes autonómicos y estatales. El equipo de gobierno del PP argumenta que ese control fue exhaustivo y llevó a reclamar a Peninsular de Contratas S.A. varias veces documentación sobre personal pero, en realidad, no fue hasta mayo de este año, tras las advertencias de la Inspección de Trabajo y la Junta de Andalucía, cuando la junta de gobierno municipal no exigió responsabilidades a la empresa por esos contratos fantasma. De hecho, la compañía todavía no ha contestado, según el Ayuntamiento, porque está en plazo de alegaciones.

Según el concejal de Hacienda, José Blas Fernández, el plan Proteja favorecía las irregularidades. “Se primaba a las empresas que contrataban más trabajadores, no el volumen de la obra. Así que, hecha la ley, hecha la trampa”, sostiene el edil del PP. El Gobierno andaluz ya ha retenido 50.000 euros al Ayuntamiento como forma de garantizarse un pago. El Consistorio dice que requerirá ese dinero a la empresa si, en este plazo de alegaciones, no es capaz de demostrar que aquellos contratos, como el de Pedro Pérez, no eran fantasmas.