Entran en servicio las oficinas de la Junta para evitar desahucios

La consejera de Fomento y Vivienda, la izquierdista Elena Cortés, ha conseguido el empeño que más le ha obsesionado en los cinco meses que lleva en el cargo. Las oficinas de asesoramiento e intermediación para evitar desahucios están operativas desde ayer en las ocho capitales de provincia.

 Se trata de un servicio gratuito de atención en el que se dará información, asesoramiento técnico y legal e incluso mediación ante las entidades financieras a aquellas personas que no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas por haberse quedado en el paro o haber visto alterada su situación económica como consecuencia de la crisis. La consejería resaltó ayer que se trata de un servicio que se fundamenta en “un principio muy novedoso, pues rompe la neutralidad de la administración que se pone del lado de las víctimas de este problema social”.

Desde el mismo momento en que tomó posesión, Cortés hizo del combate contra los desahucios su prioridad principal. Andalucía es la comunidad donde más ejecuciones hipotecarias se producen (68.053 entre 2007 y 2011, según datos del Consejo General del Poder Judicial). Una de las primeras medidas del nuevo equipo de la consejería fue suspender los desalojos en el parque público de viviendas de la Junta.

Ahora, con la puesta en marcha de estas oficinas intenta frenar la escalada de ejecuciones hipotecarias. “Las administraciones no pueden permanecer impasibles ante la emergencia social de los desahucios y deben realizar cuantas actuaciones sean necesarias y tengan a su alcance para dar amparo a los ciudadanos, al objeto de hacer efectivo el derecho a una vivienda”, argumenta Cortés.

En estas oficinas trabajarán funcionarios de la administración autonómica, en su mayoría licenciados en derecho y asistentes sociales. La Junta ha formado a más de 60 técnicos sobre el programa andaluz de defensa de la vivienda y protocolos de atención al ciudadano. En este proceso han participado también colectivos con experiencia en tratar asuntos desahucio como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de Consumidores y usuarios (FACUA). Las oficinas prestarán asesoramiento previo a quienes vayan a contratar una hipoteca; y actuarán de intermediarias ante las entidades financieras en caso de impagos que den lugar a desalojos para evitar éstos y en su caso tratar propuestas alternativas en función de la capacidad de las familias, como los alquileres sociales, y llegar a acuerdos plasmados en convenios. Las oficinas también darán atención social en caso necesario.

La Junta ha acordado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que las viviendas públicas desocupadas puedan emplearse para realojar a personas desahuciadas.