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El Gobierno no contempla “de momento” modificar la ley sobre manifestaciones

González avala la petición de la delegada por el "colapso" que está sufriendo la capital

Cifuentes matiza que no pide que se limite el derecho y admite que no le corresponde a ella

Rubalcaba advierte de que no van a "tolerar más recortes de derechos"

Los sindicatos policiales opinan que “no es necesario” cambiar la ley sino “aplicarla”

La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, durante la fiesta de la policía. Ampliar foto
La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, durante la fiesta de la policía.

Debate zanjado o, al menos, aplazado. El Ministerio del Interior ha respondido a su propia representante en Madrid que "no contempla, de momento" modificar la ley que regula el derecho de reunión y de manifestación, según han asegurado esta tarde fuentes de este departamento, informa Mónica Ceberio. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes (PP), planteó ayer “modular” la ley para "racionalizar" el uso del espacio público”, si bien matizó que no se trataría de cambiar la Constitución, que en su artículo 21 lo protege, ni de "recortar" este derecho, sino de revisar la Ley Orgánica de 1983, a su juicio "muy permisiva y amplia".

Según su propuesta, se trataría de ampliar el “margen de maniobra” de las Administraciones para modificar recorridos y horarios para evitar que haya "10 protestas el mismo día" en la capital. La propuesta ha recibido sin embargo el aval de muchas voces del partido, encabezadas por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ha considerado "razonable" la petición. González ha justificado la necesidad de una reforma en el "colapso" que, a su juicio, está sufriendo la ciudad.

Entrevistado en la cadena SER, González ha repetido lo dicho por Cifuentes: "No es que se restrinja el derecho de manifestarse. Es tener la posibilidad de ordenar el ejercicio de ese derecho, que se pueda administrar esas peticiones de una manera racional". El presidente madrileño ha argumentado que "en Madrid hay muchas concentraciones",  2.200 desde enero, y que "no se puede estar colapsando permanentemente la ciudad".

Para González, manifestarse no soluciona nada: "Cualquier ciudadano sabe lo que está pasando y que prácticamente todos los días hay muchas movilizaciones en el centro, no tiene mucho sentido". "Tiene razón la delegada. Hay que respetar el derecho a manifestación pero también el de los demás ciudadanos a moverse y poder circular", ha sentenciado. También desde el Gobierno regional, el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha apostado por un equilibrio entre el derecho a la manifestación y el respeto la vida "ordinaria y rutinaria" de los madrileños.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado una de cal y otra de arena. Por una parte, ha afirmado que el ejercicio legítimo del derecho de manifestación, considerado "fundamental", debe ser protegido, aunque los poderes públicos si lo consideran "necesario" pueden regularlo aunque solo "administrativamente", nunca por la vía penal o constitucional. A su juicio, ir más allá sería perjudicial: "Todo lo que sea restringir en exceso los derechos fundamentales complica la convivencia democrática". Por otro lado, ha defendido que no se puede "otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social" como un medio para "deslegitimar en bloque" la forma de Estado, "las Cámaras o sus titulares", con un "frecuente y gravísimo quebranto de la convivencia democrática".

Mucho más tajante ha sido el jurista José Manuel Gómez Benítez, vocal del Poder Judicial, quien ha recordado que manifestarse es "un contrapeso fundamental en cualquier democracia frente a los excesos o arbitrariedades del poder", por lo que la propuesta de Cifuentes es, a su juicio, "típica de regímenes autoritarios y dictatoriales". En declaraciones a la SER, ha añadido que es "bastante posible" que la representante del Gobierno en Madrid se haya situado "fuera del marco constitucional". "Lo que le molesta al parecer a Cifuentes es el número, la constancia y la permanencia de las manifestaciones, pero eso se produce porque cada vez hay más ciudadanos que no confían en que las personas a las que han elegido o que se encuentran quiénes defiendan sus intereses y en consecuencia buscan una vía directa de manifestar su crítica", ha subrayado.

La también vocal del Poder Judicia Margarita Robles ha censurado la idea: "Este Gobierno cuando hay un problema lo único que pretende es cambiar la ley". Robles ha considerado innecesaria una modificación porque si se trata de compatibilizar derechos —los de los manifestantes y los de los demás ciudadanos— "esa es labor de la Delegación del Gobierno".

Dado el revuelo, la propia Cristina Cifuentes ha vuelto esta mañana sobre el asunto para negar que "ni mucho menos" abogue por "restringir" el derecho a protestar sino por regularlo para minimizar el impacto de las molestias a vecinos y comerciantes. Según Cifuentes, proteger el derecho de manifestación "no es incompatible con la racionalidad de su utilización y, sobre todo, con la racionalidad en el uso de los espacios públicos".

"Yo no he dicho en ningún momento y además no creo que haya que reformar la Constitución. Yo no entro a valorar qué reforma habría que hacer, es un tema complicado", ha admitido la delegada. "Ni lo he hecho ni me corresponde porque yo no soy legisladora", ha continuado, para añadir que lo que ha planteado es la oportunidad de abrir un debate. "Debatir las cuestiones es bueno en una sociedad democrática. No sé qué miedo tienen algunos a poder hablar libremente de cualquier tema", ha apostillado.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido de que los socialistas no van a "tolerar más recortes de derechos" y se ha preguntado en las redes sociales "por qué la derecha habla de modular cuando quiere decir restringir". La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha pedido una rectificación a Cifuentes. "No parece muy prudente que la delegada del Gobierno lance mensajes para limitar el derecho de manifestación... debe rectificar", ha escrito Valenciano en Twitter.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha acusado al PP de tener "querencias predemocráticas". La diputada y líder de UPyD, Rosa Díez, se ha mostrado también en contra de limitar la protesta, puesto que se trata de un "derecho básico" de los ciudadanos. "La crisis no puede ser una excusa para recortar derechos", ha reflexionado. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha acusado a Cifuentes y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de querer ocupar el hueco de la expresidenta Esperanza Aguirre, haciendo "propuestas siniestras".

Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, ya replicaron ayer a la delegada que “no es necesario” modular la ley. Según los sindicatos, lo que hay que hacer es “aplicar la ley que tenemos de reunión y manifestación y cuando no cumplan con los requisitos no autorizarlas”, declaró el secretario de comunicación del SUP, José María Benito. El dirigente se mostró de acuerdo con Cifuentes en que Madrid es el "manifestódromo", pero insistió en que "eso no es suficiente para pretender modificar la ley". "No estamos en absoluto de acuerdo. El derecho de reunión y manifestación debe ser un derecho sagrado en un país democrático", dijo por su parte el secretario general de la CEP, Ignacio López.

Una reforma de difícil encaje constitucional

F. J. BARROSO

El derecho de manifestación está regulado por el artículo 21 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica de 1983. Los dos requisitos exigidos para prohibir o modificar una protesta son que puedan alterar el orden público y que exista riesgo real para las personas o los bienes. En los nueve primeros meses del año se han registrado 2.732 manifestaciones, entre las autorizadas y las que no contaban con el visto bueno de la Delegación del Gobierno.

La reforma de esta norma requiere la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, condición con la que cuenta en estos momentos el PP. Sin embargo, el eventual texto siempre tendría que mantener el contenido esencial del derecho de manifestación, según recuerda el profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Manuel Sánchez de Diego. “La última palabra en caso de que la nueva ley no se ajustara a derecho la tendría el Tribunal Constitucional, que puede modificar o rechazar la norma, como ya ha hecho en algunas sentencias”, añade el profesor. Eso sí, ese fallo del Constitucional no podría hacerse de oficio. Exigiría que acudieran a él diputados o el Defensor del Pueblo, entre otros.

Para cambiar itinerarios u horarios de manifestaciones o incluso prohibirlas, los jueces siempre valoran si no es posible encontrar una medida más moderada y que tenga la misma eficacia (que no se corte la circulación). También ponderan que la protesta sea proporcional con el bien general y que no cause perjuicios para bienes o valores, según Sánchez de Diego.

Otro profesor de Derecho Constitucional, Santiago Sánchez González, de la UNED, mantiene, por el contrario, que con la actual legislación sería posible reducir el alto número de manifestaciones diarias en Madrid. “Se deberían ponderar por parte de los jueces otros derechos en conflicto como la libre circulación o los perjuicios a comerciantes y empresarios”, señala.

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