El Consell aplaza su decisión contra las torres de Punta Llisera

La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, aseguró ayer que la Generalitat ejecutará la sentencia del Tribunal Supremo (TS) contra la autorización de la construcción de dos bloques de 21 alturas en Benidorm, los Edificios Gemelos 28, en Punta Llisera, en primera línea del mar, cuando les llegue la comunicación judicial porque “todas las vías legales han sido desestimadas”, informa Europa Press. “En ese momento actuaremos conforme a derecho”, añadió.

Bonig realizó estas manifestaciones en la comisión parlamentaria a raíz de una pregunta por el diputado de EUPV Lluís Torró.

La consejera explicó que es “prudente esperar para aplicar la sentencia a que se resuelva el recurso de aclaración que el pasado 3 de septiembre la mercantil Ballester presentó ante el Tribunal Supremo”. Bonig señaló también que desde la Generalitat s ha actuado “conforme a derecho” y por eso se ha instado a la Abogacía a que solicite la inscripción de la sentencia del TS en el Registro de la Propiedad para “proteger a futuros compradores de buena fe para que no se vean afectados”.

Barbaridad urbanística

Por su parte, el diputado de EUPV Lluís Torró lamentó la “barbaridad urbanística que suponen estas dos torres y dijo que son ejemplo de cómo el Grupo Ballester, tan bien tratado por la CAM, hace y deshace a su aire en Benidorm”.

Torró recordó que el proyecto se aprobó en junio de 1988, días antes de la aprobación de la Ley de Costas, con el objetivo de que no le afectara. Asimismo, remarcó que este proyecto se aprobó en junio de 1988, días antes de la aprobación de la Ley de Costas, con el objetivo de que no le afectara.

En la sentencia, el Tribunal Supremo anuló el permiso de la consejería basándose en la invalidez de la licencia de obras obtenida por el original promotor, Inmobiliaria y Promociones Cafarelli, SA, que luego vendió la parcela a Edificaciones Calpe, para levantar dos edificios de 21 plantas, otras cuatro de garajes y una piscina. La licencia de obras fue concedida por decreto del entonces alcalde, Manuel Catalán Chana, del PSPV, el 6 de junio de 1988, menos de dos meses antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas.