El juez imputa a un excargo del gobierno Pujol por el ‘caso Palau’

El juez del caso Palau ha llamado a declarar como imputado a Marc Puig, exsecretario de Comunicación del Gobierno catalán en la época de Jordi Pujol, ante las sospechas de que su empresa sirvió para desviar fondos del Palau de la Música a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Puig era el administrador de la empresa de publicidad Emocional Base cuando ocurrieron los hechos, en 2006. Según el informe de Hacienda que ha derivado en su imputación, la empresa facturó casi 60.000 euros al Palau por trabajos dudosos.

Además de alto cargo del último Gobierno de Pujol, Puig fue consejero de administración de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de RTVE. Desde el año pasado es director de comunicación y atención ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona. Según la providencia dictada por el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, Puig deberá declarar como imputado el próximo 22 de octubre.

Hacienda sospecha que los 60.000 euros facturados por Emocional Base acabaron en manos de CDC a través de quien fue su tesorero, Daniel Osácar, también imputado en la trama política del caso Palau. El juez sospecha que el origen del dinero está en la constructora Ferrovial, que presuntamente hizo pagos al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública. Entre 2005 y 2008, la empresa de Puig realizó trabajos para Convergència y otras plataformas de la órbita nacionalista. Además, tuvo a sueldo en su empresa a la hija de Daniel Osácar, Mònica Osácar.

Además de Puig, deberá declarar como imputado Ramon Marc Martí, responsable de la empresa Publiciutat, que entre 2006 y 2007 facturó al Palau 237.399 euros por trabajos de publicidad y relaciones públicas.

Esas dos empresas de publicidad no son las únicas que, supuestamente, sirvieron para camuflar pagos de Ferrovial a CDC. Los responsables de distintas empresas de buzoneo y montaje audiovisual están imputados también en la causa por su papel en el desvío de fondos.

El pasado mes de julio, el juez impuso a CDC una fianza de 3,2 millones al considerar a CDC responsable civil “a título lucrativo”, ya que se benefició, supuestamente, del expolio del Palau perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull.