Bravo pide amparo al Constitucional contra su encarcelamiento
Su letrado admite que las opciones de que prospere el recurso son “mínimas”
El exdirector de la Hacienda de Irún, José María Bravo, condenado a 11 años de prisión como autor del fraude cometido en la citada oficina tributaria de Gipuzkoa, va a solicitar el amparo del Tribunal Constitucional contra la orden de prisión decretada en agosto pasado por el tribunal que le juzgó. Bravo, encarcelado en Soto del Real desde el día 2 de agosto, interpondrá un recurso de amparo contra el auto de prisión al considerar que supone “una gravísima vulneración de su derecho fundamental a la libertad” y “no concurre ninguna de las causas que la ley y la Constitución contemplan como justificativas de la medida cautelar más gravosa del ordenamiento jurídico”, afirmó a este diario su abogado, Jesús Urraza.
La defensa aprecia una “gravísima vulneración” del derecho a la libertad
La defensa de Bravo ha solicitado a la Audiencia de Gipuzkoa que le dé traslado del auto de 1 de agosto por el que se acuerda la prisión provisional, así como el auto de 20 agosto que resuelve en contra del recurso interpuesto contra el primero. Estas dos resoluciones judiciales son necesarias para presentar el recurso de amparo ante el Constitucional. No obstante, el condenado por el fraude en la Hacienda de Irún es consciente de que “las probabilidades de que prospere son mínimas”.
Bravo quedó entre rejas el pasado 2 de agosto, al día siguiente de la decisión de la Audiencia que ordenaba su encarcelación. El tribunal adujo el riesgo de fuga para justificar esta medida que había sido solicitada por la fiscalía. El auto judicial fija una fianza de 800.000 euros para eludir la cárcel. El exjefe de la Hacienda de Irún ya estuvo recluido en Martutene durante 474 días (casi 16 meses) en dos periodos alternos en 2007 y 2008, mientras seguía viva la instrucción de este caso.
El exdirector de la Hacienda de Irún se halla en prisión desde el 2 de agosto
Además de la solicitud de amparo a la tercera instancia, la defensa de Bravo interpuso el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial que el 23 de julio le condenó a 11 años de cárcel, además de una multa de dos millones de euros y la obligación de devolver 1,9 millones a la Hacienda de Gipuzkoa por apropiarse, según el fallo, del dinero que le entregaban contribuyentes morosos para saldar sus deudas con el fisco. El tribunal le consideró Bravo culpable de varios delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, así como blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Además de Bravo, también fue condenada su mujer, Rosa Cobos, a tres años y cuatro meses de prisión y una multa de dos millones. Ambos tienen comisados bienes hasta completar un valor de 1,6 millones (el dinero que se sustrajo al fisco).
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