Las conclusiones de la comisión de los ERE y su batalla soterrada

La salud democrática andaluza ha mejorado unas décimas este verano. Con serios achaques por los casos de corrupción y de falta de transparencia, que ha dejado a los políticos como el tercer mayor problema según subrayó la última encuesta del CIS, la comisión de los ERE ha sembrado cierta esperanza. Por primera vez en 18 años, los responsables del Gobierno andaluz han explicado al Parlamento autónomo y a los ciudadanos (las sesiones se retransmitieron por Internet) los detalles de su gestión. En concreto, los problemas del fraude de los ERE irregulares, relacionados con el fondo para empresas en crisis al que la Junta destinó 647 millones. Un total de 32 comparecientes han explicado parte de la dinámica que propició una entrega irregular de caudales públicos.

¿Para qué ha servido esta comisión? A años luz de la tradición anglosajona de comisiones de investigación, las comparecencias han permitido un mínimo acercamiento al día a día de la gestión política, más allá de los debates parlamentarios, en ocasiones soporíferos. Los silencios, las muecas, las protestas, las evasivas, las excusas, los argumentos... cada palabra tenía su significado y su matiz. Ha sido un ejercicio semántico lejos de la sede judicial que tanto temor impone, y donde los políticos se han desenvuelto en general con soltura. Después de todo, aún quedan muchas incógnitas por despejar debido, entre otros motivos, a los más de 3.600 días que abarca la gestión investigada.

"El PSOE tiene que dejarse pelos en la gatera", advierten desde Izquierda Unida

Mientras que el PSOE e Izquierda Unida, socios de coalición en la Junta, han alabado este ejercicio de transparencia, el PP ha jugado al despiste. Su portavoz, Carlos Rojas, ha declarado que PSOE e IU se habían empeñado en que la investigación fuera “un paripé”, pero sus compañeros de filas Rafael Carmona y Rafael Salas, discrepan: “La comisión sí ha servido porque se han dicho cosas muy importantes. Hay consejeros que han reconocido que no había normativa, y otras declaraciones que confirmaron que era un sistema promovido e impulsado porque sería para lo que servía”, resalta Salas.

Fuentes de IU censuran esa ambigüedad después de que tanto esa formación como el PP solicitaran sin éxito comisiones de investigación durante años en el Parlamento andaluz. “El PP aplica aquello de ‘al enemigo ni agua’. A lo mejor es que no han conseguido la declaración escandalosa o la acusación directa. Es como descalificar un juicio porque el juez no te da la razón”.

Ahora, tras las comparecencias, es el momento para los tres grupos (PSOE, PP e IU) de elaborar las conclusiones y consensuar un dictamen. Y en esta pugna por imponer los matices y señalar a los responsables políticos del fraude, volarán los cuchillos.

La clave es si las responsabilidades políticas salpicarán a otras consejerías

Esta semana todos se juegan mucho: el PSOE busca a toda costa suavizar la censura a la gestión de las subvenciones en la Consejería de Empleo durante una década. Y a cómo fallaron todos los controles pese a las advertencias de la Intervención General. El objetivo es acotar las responsabilidades a Empleo o incluso a la Dirección General de Trabajo, ya que expandir las culpas puede afectar a miembros del actual Gobierno y que también pertenecieron al anterior. Entre ellos, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el presidente, José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, y señalado por la juez Mercedes Alaya en un polémico auto.

El PP busca que la comisión censure con vehemencia el escándalo y considere responsables a todos los gestores de Empleo, de Innovación, de la agencia Idea [pagadora de las ayudas] y, por elevación, de la cúpula de la Junta. Los populares temen que en noviembre el caso se desinfle y se pierda en el olvido su mayor arma política de los últimos dos años. Por si fuera poco, la instrucción judicial está en el aire desde que hace tres semanas Alaya se diera de baja por enfermedad.

Antes de acceder al Ejecutivo, IU censuró con dureza la corrupción presente en el Gobierno anterior. Ahora, sus diputados aseguran que la negociación no entra en sus planes, pero el PSOE prevé apretar al máximo para atenuar las palabras gruesas. Por tanto, las próximas reuniones de ambos grupos pueden ser muy tensas.

La entrega del informe final de la Cámara de Cuentas andaluza, que censura con dureza el fondo destinado a los ERE, es el documento clave que los diputados esperan para apoyar las impresiones y el cruce de datos obtenido de la documentación aportada por la Junta. Desde IU destacan que la actuación en la comisión no formó parte del pacto para formar el Gobierno de coalición. “El PSOE tiene que dejarse pelos en la gatera. No vamos a señalar a los responsables activos en el caso, sino la dejación de responsabilidades”, señalan fuentes de IU. “No hemos trabajado duro para ahora dejarlo en una cosa de cuatro golfos”, matizan otras fuentes.

La clave está en si la comisión decide que las responsabilidades políticas atañen a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández [un veterano socialista] y José Antonio Viera [diputado en el Congreso], que tuvieron bajo su mando al ex director general de Trabajo y principal acusado Javier Guerrero, aún en prisión preventiva. La cabeza del ya exmilitante Fernández no representa para el PSOE tanto problema como la de Viera, diputado cuya dimisión acarrearía graves consecuencias. Si se hiciera realidad, perdería de inmediato su condición de aforado y nadie duda de que la juez Alaya decretaría su imputación en el caso, dadas las pesquisas ya iniciadas por la Guardia Civil, que le vinculan a la entrega de ayudas supuestamente irregulares en la Sierra Norte sevillana.

Para evitar que el fraude en los ERE se repita, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha anunciado una nueva ley de transparencia, para poder consultar por Internet las adjudicaciones y los procedimientos administrativos del Gobierno autónomo.

Sobre Fernández y Viera, la portavoz socialista en el Parlamento, Antonia Moro, no se moja: “¿El jefe es responsable de todo lo que haga el subordinado? Pues no lo sé. Si el subordinado hace un mal uso de la confianza, creo que no”. El problema es que Guerrero repartió subvenciones directas durante nada menos que 10 años y algunas de ellas incluso carecían de expediente.