El PP rompe el consenso sobre un cambio del modelo de financiación

El PP rechazó en junio en el Congreso de los Diputados la reclamación unánime de las Cortes Valencianas de pocos meses antes para mejorar la financiación autonómica, trasladada a aquella Cámara por el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, sin que ninguno de los populares valencianos asomara por la comisión a dar explicaciones.

Este miércoles, el PP se quedó solo al aprobar una resolución, en el marco del debate de política general en las Cortes Valencianas, que por primera vez condiciona la exigencia de un nuevo modelo de financiación, en el que se tenga más en cuenta la variable de población, al “respeto a los límites y obligaciones que en materia de estabilidad y sostenibilidad se recogen en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. Es decir, a que el Gobierno logre los objetivos de déficit.

“Hechos y no palabras”, respondió desde la oposición el socialista Francisco Toledo, que pidió al PP que exija “alto y claro” a Mariano Rajoy, como hizo antes con José Luis Rodríguez Zapatero, un nuevo modelo de financiación. Para Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, simplemente el PP valenciano “se ha bajado los pantalones ante Rajoy”. El popular Ricardo Costa trató de defender que a Alberto Fabra no le da miedo decir que hay que modificar el modelo. Lo que quedó claro es que la reclamación ha perdido toda vehemencia.

La financiación autonómica no es la única faceta reivindicativa en la que se han enfriado los ímpetus del PP valenciano. También ha ocurrido lo mismo con la política hídrica y la reclamación de infraestructuras como el corredor mediterráneo. Este miércoles, se aprobaron sendas resoluciones sobre estos asuntos. En la primera, los populares consiguieron el apoyo de los socialistas al mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y el pleno aprovechamiento del Júcar-Vinalopó. La reivindicación del trasvase del Ebro, con el que tanto agitaron los populares los conflictos territoriales en España, ha pasado a beneficio de inventario y ha sido sustituida por un compromiso genérico de seguir reclamando la inclusión en el futuro Plan Hidrológico Nacional de “nuevas aportaciones de agua desde cuencas excedentarias al territorio valenciano”.

Sobre el corredor mediterráneo no hubo acuerdo con la oposición por una razón muy simple. El PP se limitó a apoyar “las gestiones realizadas por el presidente de la Generalitat” para su inclusión en la red transeuropea de transporte y a respaldar la implantación de un tercer carril como solución para conectar en ancho europeo los puertos valencianos con Europa, una salida provisional que ya fue presentada por la ministra de Fomento. Mientras el popular David Serra insistía, al defender la propuesta, en el carácter “necesario y vital” del corredor mediterráneo, el diputado socialista Francesc Signes acusó al PP de haberse dedicado a poner “obstáculos” al proyecto y de mostrarse ahora “totalmente sumiso” y plegarse a lo que ordena Rajoy.

Sí que hubo coincidencia, en el capítulo de infraestructuras, entre populares y socialistas a la hora de proponer que no se prorrogue la concesión de la autopista AP-7 cuando termine en 2019 y al reclamar que el AVE llegue a Castellón en 2015. Desde EU, Marina Albiol rechazó la propuesta y exigió la derogación de la concesión a la AP-7.

El rescate financiero de la Generalitat por parte del Gobierno central, que el presidente del Consell, Alberto Fabra, abordó con sordina en el debate, fue objeto de una resolución que salió adelante solo con la mayoría absoluta de que dispone el PP en la Cámara. En ella se expresa el “total apoyo y respaldo a la decisión de adherirse al mecanismo de apoyo a la liquidez creado por el Gobierno de la nación” y se valora la colaboración del Ejecutivo que preside Rajoy con las comunidades autónomas y sus mecanismos de financiación extraordinarios, como el plan de proveedores.

PP y PSOE votan por el final de la concesión de la autopista AP-7

La oposición, como advirtió el diputado socialista Julián López Milla, no está dispuesta a dar en esto un “cheque en blanco”. Ni el Consell ha explicado los detalles ni la resolución aprobada ayer en las Cortes aclara la cantidad que se pide de rescate, a qué se destinará y en qué condiciones se producirá el préstamo.

Dando por supuesto que cualquier iniciativa del PP sale adelante en las Cortes gracias a su amplia mayoría, la propuesta estrella de Fabra en el debate de política general, la reducción de 99 a 79 del número de diputados que se sientan en el hemiciclo, no tuvo mucho éxito. Si Compromís y Esquerra Unida la rechazaron de plano porque la consideran un recorte de las posibilidades de representación de las fuerzas minoritarias, los socialistas se abstuvieron. El grupo parlamentario del PSPV-PSOE estuvo a punto de votar en contra pero la dirección del partido recondujo la posición hacia la abstención.

El hecho de que no cuente con más apoyo que el de su grupo hace inviable la propuesta de Fabra, que exigiría abrir de nuevo una reforma del Estatuto de Autonomía, operación para la que es necesario disponer de una mayoría cualificada.

Los populares logran el apoyo del PSPV al plan de empleo y a la deducción por material escolar

El portavoz de Compromís, Enric Morera, aprovechó esa circunstancia para hurgar en las contradicciones del PP, que impulsó una reforma estatutaria para blindar las inversiones estatales en territorio valenciano —es decir, para garantizar que sean acordes al peso de la población valenciana en el conjunto de España— y permanece congelada en el Congreso de los Diputados.

Compromís no solo abogó por una reforma ambiciosa del Estatuto, sino que fundamentó en la denominada “cláusula Camps”, que prevé la equiparación automática de competencias a las que consigan otras comunidades autónomas, para plantear el traspaso de la red ferroviaria de cercanías y la gestión de los aeropuertos. Mònica Oltra, también de Compromís, propuso sin éxito la transferencia de 3.400 millones en concepto de deuda histórica por la infrafinanciación autonómica.

El capítulo de acuerdos no fue muy nutrido y se centró en cuestiones relacionadas con el empleo y las deducciones fiscales. Así, la Cámara aprobó por unanimidad pedir al Gobierno central que no aplique al sector cerámico la tasa que gravará el consumo de gas natural. Al menos, los metros cúbicos que consume este tipo de industria durante el proceso de producción. La resolución también pidió la adopción de medidas para favorecer la competitividad del sector.

Otra de las pocas resoluciones que logró el consenso fue la de solicitar al Gobierno central que garantice el poder adquisitivo de las pensiones en 2013.

El PP logró el apoyo de los socialistas en dos de las cuestiones más trascendentes: el plan de creación de empleo, que en coordinación con Diputaciones y Ayuntamientos prevé incentivar 15.000 empleos anuales en los próximos tres años, y una nueva deducción en el tramo autonómico de IRPF por compra de material escolar para familias de renta baja.