Un centro de discapacitados, al borde del cierre por los impagos de Consell

La asociación sin ánimo de lucro Anilia de Alicante, dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual, ha denunciado su situación "insostenible y crítica"  debido a la deuda que la Generalitat mantiene con el colectivo desde los ejercicios 2010 y 2011, y que asciende hasta los 140.000 euros, según ha informado la entidad en un comunicado.

El colectivo tiene una trayectoria de 20 años de experiencia en la integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual  en el centro especial de empleo alicantino Poda. El presidente de la asociación, José Vicente Bautista, ha cifrado en 140.000 euros el importe que adeuda a la entidad la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y que se corresponde a los ejercicios 2010 y 2011, en concepto de servicios que han sido prestados por la entidad, consistentes en cursos de formación reglada, programas de inserción laboral para personas con discapacidad, así como ayudas al centro especial de empleo para el mantenimiento de puestos de trabajo.

La asociación ha señalado que sus trabajadores y los de Poda llevan 6 meses sin cobrar sus nóminas, "sin que por ello, hayan dejado de prestar atención a los usuarios que acuden a diario, con la mejor de sus sonrisas". Anilia ha incidido en que los impagos que denuncia han provocado retrasos en el pago a sus proveedores, desconocer "cómo pagar los suministros básicos" o plantearse "tener que fijar una fecha para cerrar la asociación si no se soluciona" la situación.

El colectivo ha calificado de "paradójico" que a pesar de que es la Administración la que "incumple" su "compromiso" de pago, las entidades tienen que estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, ya que los retrasos en el abono de cuotas suponen unos recargos de demora del 20% desde el primer día. "Es la propia Administración la que hace inviable liquidar los impuestos puntualmente, y si se incumple un plazo, inmediatamente inician la vía de apremio, embargando derechos ajenos, en lugar de compensarlo con las cantidades que adeudan", recoge el comunicado.