Puig, lo que la ley permita... y más

Al consejero de Interior, Felip Puig (CiU), le perseguirán las palabras que pronunció nada más ponerse al frente de su departamento. En una entrevista radiofónica prometió “tensar la ley hasta allí donde esté permitido y un poco más”. En estos casi dos años, ha demostrado sobradamente que no promete en vano. Bajo su mando se han vivido cargas, persecuciones policiales, se ha abierto una página web para delatar a vándalos, se ha animado a los ciudadanos a denunciarse, se ha empezado a multar a las prostitutas en la carretera e incluso se ultimaba una ley del espacio público, que quería prohibir ir con el rostro tapado a una manifestación.

 Con un temple a prueba de bombas y una personalidad más dada a crecerse ante los problemas que a arredrase, Puig fue recibido en Interior con los brazos abiertos. Acostumbrados a su antecesor, Joan Saura (ICV), la policía catalana agradeció un hombre dispuesto a dar la cara por los Mossos d'Esquadra. Y Puig aprovechó para dejar claras las diferencias, borrando la huella de iniciativa en el departamento. Eliminó el límite de circulación de 80 kilómetros por hora en los accesos a Barcelona, fulminó el código de ética de los mossos, descafeinó el comité con el mismo nombre y acabó con la política de implantación de cámaras de vigilancia en las comisarías. Acababa de llegar.

Cuando no llevaba ni medio año, el 22 de mayo de 2010, la policía catalana protagonizó una de las cargas más disparatadas y violentas que se recuerdan en la capital catalana. Los indignados, que acababan de aparecer en el panorama social, fueron desalojados a golpe de porra en lo que tenía que ser una operación de limpieza de la plaza de Cataluña. 121 personas acabaron heridas (37 de ellos mossos), pero Puig defendió a sus hombres en rueda de prensa y en el Parlament, ignorando las críticas unánimes a su dispositivo y a la actuación policial.

Ya entonces empezó a sonar la expresión “guerrilla urbana”: los manifestantes violentos que se “infiltraban” en el 15-M, según Puig, para montar algaradas como la del cerco al Parlament, el 15 de junio de ese año. Un endeble dispositivo policial no pudo garantizar que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, entrase a la cámara en coche, y tuviese que hacerlo en helicóptero. Puig también llegó por el aire, y al bajar del aparato recibió a la prensa con el pulgar en alto. “Lo avisé”, insinuaba.

Empezó entonces una caza sin cuartel contra quienes sitiaron el Parlament, y llegó incluso a la Ciudad de la Justicia, donde irrumpieron varios antidisturbios para detener a indignados que habían ido a presentarse ante el juez, conocedores de que la policía les buscaba. El episodio sacudió los cimientos de la relación entre jueces y mossos, ya de por sí complicadas. Sin criticarlo públicamente, Puig destituyó poco después al jefe de la policía en el recinto.

La maquinaria contra la violencia callejera ya estaba en marcha, pero se desató con los graves altercados del 29 de marzo de 2011, que arrasaron el centro de Barcelona. Tiene que haber “más miedo al sistema”, defendió en una entrevista televisada Puig. Pidió endurecer el Código Penal, restringir el derecho de reunión, aplicar el delito de grupo criminal a los vándalos, potenciar la prisión provisional, las identificaciones selectivas, prohibir manifestantes con el rostro tapado, equiparar la resistencia pasiva al atentado a la autoridad... Incluso lanzó una web con las caras de 68 personas para que la ciudadanía les delatasen. La policía acabó deteniendo a 113 sospechosos, entre ellos dos universitarios que cumplieron un mes de prisión.

Luego llegaron los incendios, que sirvieron para espolear las denuncias ciudadanas contra quienes tirasen colillas. Por el camino, bendijo los polémicos somatenes de Lleida, enervó a sindicatos policiales y bomberos con los recortes, y compareció más que nadie para rendir cuentas a una oposición, a la que toreó, convencido de que la ley está de su lado.