El futuro de la Ertzaintza, al cajón
El adelanto de las autonómicas ha situado en vía muerta la nueva Ley de Policía que abanderaba Ares. El parón deja en el aire la modernización del cuerpo
Era uno de sus proyectos estrella, pero no lo podrá culminar. Al menos, en esta legislatura. La nueva Ley de Policía en la que el ya exconsejero de Interior Rodolfo Ares, pretendía basar la modernización de la Ertzaintza no verá finalmente la luz antes de las próximas autonómicas, pese a que contaba con el respaldo necesario en el Parlamento. El adelanto electoral al 21 de octubre decretado en agosto por el lehendakari, Patxi López, ha dejado en punto muerto una iniciativa con no pocas repercusiones. La renovación de una envejecida plantilla con nuevas promociones de agentes o su posterior desarrollo profesional quedan ahora en el aire, a la espera de saber la identidad del futuro responsable del departamento.
La conocida como cuarta modificación de la Ley de Policía, la cual data originalmente de 1992, pretendía incorporar los cambios de los últimos años y establecer un marco de futuro. Tan importante era para Ares, como un icono más del cambio propiciado por el Ejecutivo socialista, que su partido la comenzó a negociar en 2010. No era fácil el acuerdo, sin embargo, al implicar no solo al Gobierno, sino también a Diputaciones, Ayuntamientos y otros organismos públicos de muy distinto perfil. El consejero aspiraba a una policía integral que aglutinara a la Ertzaintza y las distintas guardias urbanas, así como a regular otras figuras como los serenos, los alguaciles o los vigilantes municipales, hoy en el limbo de la legalidad.
Retos de última hora para Mendia
La marcha de Ares a finales de agosto dejó a la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, al frente de un macrodepartamento integrado por las áreas de Justicia, Administración Pública e Interior. Es esta última, sin embargo, la que más quebraderos de cabeza le puede crear en las últimas semanas de la actual legislatura, habida cuenta de la situación que atraviesa la Ertzaintza y de la capacidad de movilización que tienen sus sindicatos.
Dos retos le quedan por delante a Mendia, como consejera de Interior, antes de las próximas autonómicas. Por un lado, garantizar el decreto que regulará la segunda actividad por edad entre los agentes. Entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, antes del 20 de octubre, aunque lo hará con carácter retroactivo al 1 de julio. La negociación está cerrada ya entre los sindicatos y el Gobierno vasco, que incluso ha dado prioridad a esta normativa sobre otras que tenía también sobre la mesa. Cualquier esfuerzo del Ejecutivo parece escaso con la campaña electoral a la vuelta de la esquina.
El segundo objetivo está también encaminado. Tras la polémica decisión sobre el concurso de traslados aprobada en julio, pese a la oposición de la mayor parte de las centrales, el departamento se ha plegado a modificarla en favor del consenso. La nueva resolución está publicada ya y abierta a la solicitud de destinos por parte de los agentes sin plaza. Su entrada en vigor, en octubre, reforzará la dotación de comisarías vizcaínas con una gran carga de trabajo, como las de Bilbao, Sestao, Getxo, Basauri o Muskiz.
Las diferencias, pese a todo, se fueron limando. El acuerdo era posible y el PSE se granjeó incluso el apoyo explícito del PP, suficiente para impulsar la normativa en el Parlamento. En julio, sin embargo, todo se vino abajo. Durante la comisión de Interior, y ante la previsión ya de un adelanto electoral, los populares instaron a habilitar el mes de agosto para aprobar distintos proyectos de ley, incluido el de Policía. Los socialistas, sin embargo, se negaron tras argumentar el coste que el visto bueno a la normativa conllevaría, pese a la incertidumbre sobre qué partido comandará el próximo Gobierno vasco. En efecto, la inversión se dispararía, sobre todo en lo referido a la carrera profesional y el consecuente aumento de sueldos, que implicaría un desembolso de 50 millones de euros en cuatro años.
Las repercusiones del envío al cajón de la iniciativa no afectarán solo al desarrollo profesional de los agentes. También a su propia entrada en el cuerpo. A un lustro vista de unas jubilaciones que se vaticinan masivas, dado que la Ertzaintza suma tres décadas de historia y sus primeras generaciones peinan ya canas, la incorporación de nuevos efectivos se ha visto paralizada. Ares no quería convocar promociones hasta regular, con la renovada Ley de Policía, la asignación de la mitad de las futuras plazas a mujeres, una pretensión personal que el Tribunal Superior vasco ha invalidado en el marco actual. La promesa de estabilizar un cuerpo con 8.000 agentes ha quedado, así, en agua de borrajas.
La convocatoria de promociones se ha frenado en espera de la reforma legal
La futura normativa iba a reglamentar, por otro lado, el paso de los ertzainas más veteranos a la segunda actividad, una histórica reivindicación de la plantilla, ya que su concesión es ambigua en la actualidad. La iniciativa formaba parte de los acuerdos laborales que Ares alcanzó con la mayoría sindical en agosto de 2011 y cuyo cumplimiento, al igual que el de la carrera profesional, aún no se había aplicado. La afección que la no aprobación de la Ley de Policía iba a tener en esta materia supuso la gota que colmó el vaso de la paciencia de las centrales, que ya en julio amenazaron con impulsar una “conflictividad como nunca” antes en la Ertzaintza.
A escasas semanas ya de la cita con las urnas, y consciente de la capacidad de movilización que tienen los sindicatos de la Policía vasca, el Ejecutivo se mostró dispuesto a negociar y aprobar por separado lo referente a la segunda actividad. El acuerdo es firme y se materializará en los próximos días, aunque un relevo al frente del Gobierno en octubre podría dar al traste con los cambios, ya que estos se aprobarán por decreto y no por ley. A partir de los 56 años, los agentes quedarán exentos de los dispositivos especiales y tendrán la posibilidad de dejar de hacer noches. Con 59, cambiarán las patrullas por trabajos de oficina. Siempre, con el compromiso de jubilarse a los 60.
La carrera de los ‘ertzainas’ queda en manos del próximo Gobierno vasco
El decreto sobre segunda actividad por edad, al menos, saciará las reivindicaciones de unos sindicatos que se han sentido estafados con el incumplimiento de la mayor parte de los acuerdos alcanzados con Ares en agosto del pasado año. De ellos, la carrera profesional quedará pospuesta, en el mejor de los casos, hasta la próxima legislatura. Sin olvidar que el más importante de aquellos pactos, el del nuevo convenio regulador, tampoco se ha podido ejecutar en las condiciones económicas previstas, al no ser ajena la Ertzaintza a los recortes decretados para el conjunto de los funcionarios. Tan solo el decreto de indemnizaciones, de los cuatro firmados, se ha llevado a la práctica según lo consensuado.
La dimisión de Ares a finales del pasado mes dejó a medio camino el pretendido cambio impulsado en la Ertzaintza, tras décadas de mandato nacionalista al frente de la consejería. De su éxito como coordinador de la campaña electoral socialista dependerá, en buena medida, el resultado del PSE en las próximas autonómicas y el color del nuevo Gobierno vasco. Será este el que tendrá que definir, con nueva ley o sin ella, el futuro de la Policía vasca, en un escenario que se antoja lastrado por la crisis económica.
