Desbandada en el medio rural

El rural se agota. Y es la Administración autonómica la que impulsa el goteo de su despoblamiento. Esta es al menos la conclusión a la que llegan ANPAS, expertos, sindicatos agrarios y los representantes parlamentarios de los grupos políticos. Ni siquiera es la crisis de la producción agroganadera —las serias dificultades que atraviesa el sector lácteo o el abandono del forestal— la que le pone el candado. La puntilla definitiva la está clavando la reforma educativa, esa decisión de convertir en unitarias los colegios de Infantil y Primaria que supone la contratación de un solo profesor para atender hasta 14 niños de distintas edades y niveles educativos en una misma aula. Ante la previsible pérdida de calidad educativa, numerosas familias del rural “deciden trasladarse a vivir a las villas más próximas”, explica la situación que se está extendiendo en este nuevo curso el portavoz de la coordinadora de ANPAS de Galicia, Elías Rozas.

 “Si continúa el recorte de profesorado en los colegios públicos del medio rural, la gente joven no va a quedarse con sus hijos en los pueblos. Es lo mismo que cerrar los centros de salud”, destaca el representante de la coordinadora. “Hay un ataque constante de la Xunta”, en este caso por parte de la Consellería de Educación, afirma Rozas, muy molesto con las declaraciones del conselleiro, Jesús Vázquez, que calificó de “politizadas” las reivindicaciones de las ANPAS de los colegios rurales. “Lo único que está politizado es esta decisión de Educación; si se trata de dinero, que explique la Consellería cuánto ahorra con este recorte y cuánto gasta en los centros privados-concertados dirigidos por el Opus”. En su opinión, es el cierre del rural el que obedece a una decisión política. Una cuestión de prioridades. “Hay que recortar y con menos población hay menos votos” que perder.

Es la misma conclusión a la que llega el sindicato Xóvenes Agricultores —próximo al PP— y los expertos consultados por este periódico sobre esta cuestión. “El campo hace menos ruido y está más acostumbrado al matrato”, asegura Carlos Manuel Abella, uno de los sociólogos llamados a dar su opinión de experto en la comisión parlamentaria creada el año pasado para aportar ideas contra el envejecimiento y el abandono de las zonas rurales. Precisamente para darle la vuelta a esta situación, el ANPA de Vilariño de Conso promovió una campaña de captación de parejas jóvenes con hijos en edad escolar que garantizaran la permanencia del colegio. Lo consiguieron, pese a que la Xunta mantiene el pulso frenando la concesión de los docentes que le corresponden.

Para evitar también el despoblamiento y atraer nuevos vecinos, A Peroxa elabora un catálogo de viviendas deshabitadas para su venta o alquiler a precios módicos. La iniciativa partió del grupo socialista, que presentó una moción aprobada en pleno. El portavoz socialista, Antonio González Fiuza, afirma que el objetivo es ”evitar el despoblamento continuado en el rural”.

El intento de atraer industria a las áreas más amenazadas por la pérdida de población copa de tiempo en tiempo los titulares de prensa. En el caso de las provincias de Lugo y Ourense, el plan Impulsa, concebido para generar empleo y presentado por el presidente de la Xunta en su día como el gran revulsivo del desarrollo del interior: incentivar la actividad industrial en el rural y contribuir a fijar población aunque, lejos de ello, esta se pierda.

La Consellería de Economía e Industria anuncia en su web que el plan Impulsa Ourense —presupuestado este año con más de 71 millones de euros— supone un compromiso transversal de la Xunta, que incorpora este año “una sustancial discriminación positiva a favor de las actividades empresariales en la provincia”, tanto en las diferentes ayudas convocadas (más de 25 líneas de apoyo) “como en distribución presupuestaria en cuanto a gasto por habitante”.

En el caso del plan gemelo para Lugo, con un presupuesto de 67,7 millones de euros este año, la Xunta destaca que refleja el “compromiso presupuestario con las provincias del interior”, con más de 80 medidas complementarias “diseñadas con un carácter estratégico y específico” que implican a las diferentes consellerías del Gobierno gallego. Pero el rural sigue perdiendo actividad económica y habitantes.

El Plan de Desarrollo Rural, que financian a medias el Ministerio de Agricultura y la Xunta, y el Programa de Reequilibrio Territorial de Galicia, presentado por la Xunta bipartita en 2006, tampoco ha conseguido frenar el vaciado de las aldeas. Las críticas arrecian dentro de la oposición parlamentaria. “El PP está en un discurso moral de apoyar el derecho de las madres a tener hijos, una política puramente natalista pero sin medidas prácticas”, reprocha Carlos Aymerich, vocal del BNG en la comisión sobre demografía creada en la cámara gallega. Beatriz Sestayo, representante del PSOE en el mismo grupo de trabajo, advierte que este fue “una burla” porque la Xunta no está teniendo en cuenta los consejos de los especialistas. “Las matrículas de guarderías y residencias han subido y en los dos últimos ejercicios el 45% de los fondos del Educa3 para escuelas infantiles quedaron sin ejecutar”, explica. Román Rodríguez, del PP, difiere de sus compañeros en la cura. “Sobre todo es un problema social y cultural, hay que fomentar la natalidad y fomentar la conciliación con contratos de trabajo más flexibles. Si en un territorio no hay un umbral mínimo de personas habrá que pensar el servicio de otra manera, dentro de una lógica de eficiencia”, señala.