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OPINIÓN

Corrupción estilo compadre

Cuando la Administración evita los procedimientos reglados, prescinde de la publicidad y el control, es solo cuestión de tiempo que aparezca la corrupción

Dicen algunos que el toque de distinción del cine americano son unos personajes secundarios envidiables y un atrezo que parece sacado de la vida real. Las casas parecen habitadas y vividas; los cajones llenos de papeles y el vestuario aparenta haber sido usado muchas veces. En ese sentido la literatura o el cine nos acercan, a veces, más a la verdad que la historia o el periodismo porque nos presentan el clima exacto de los acontecimientos sin el cual no podríamos entender la trama.

 El caso de los ERE no era tal caso hasta que un personaje conocido como “el chófer”, le puso a la corrupción el marco de las drogas, sexo y alcohol pagados con el dinero público. Esta semana, otro personaje ha expresado el ambiente moral propicio para el caso de los ERE. Le llaman El conseguidor y él mismo reconoce que “su perfil” lo convierte en una percha ideal para purgar los pecados ajenos. Para empezar, tiene tela que en un Estado democrático existan personajes con este sobrenombre, o sea, especialistas en conseguir favores o derechos por parte de las Administraciones públicas; gente con buenas relaciones y entrada libre en los despachos oficiales de uno y otro signo. Según él mismo, en “muchas ocasiones actuaba de forma altruista”, aunque su generosidad no le impidió incluirse él y su esposa como falsos prejubilados de la empresa Hitemasa, donde nunca habían trabajado, y recibir una escandalosa indemnización de 350.000 euros.

Otro de los protagonistas del caso, Francisco Javier Guerrero, nos aporta el color local de este proceso de corrupción. En su pequeño pueblo de la sierra sevillana de El Pedroso, es un personaje muy apreciado porque ejercía de rey mago, eso sí, con el dinero de todos los andaluces. Consiguió para su vecino, minusválido y con una raquítica pensión, una ayuda de casi 500.000 euros, sin rellenar siquiera una solicitud. El pobre hombre declaraba ante la juez: “Creí que se estaba haciendo justicia conmigo después de trabajar toda la vida”. No me digan que esto no es cine o literatura. Electricistas, tenderos, dueños de bares se vieron beneficiados por el gran corazón de su vecino, aunque también su suegra y allegados tuvieron su particular derrama de dinero público.

Finalmente, otras almas caritativas participaron también en este corrupto sistema y practicaron el lema de “un poquito para los necesitados y otro poquito para mí, que también lo merezco”. Junto a los intrusos puros y duros de los ERE, se suscribieron pólizas de intrusillos, es decir, personas que habían trabajado para la empresa pero que habían dejado de hacerlo o que no pertenecían a la plantilla afectada sino a subcontratas. ¿Cuál es el denominador común de estas actuaciones? El compadreo, el paternalismo de casino y el clientelismo político.

No comparto la tesis de que en el caso de los ERE hubiese una determinación de crear un sistema corrupto para enriquecer a sus gestores. De hecho, no se han descubierto grandes capitales ni patrimonios individuales como en el caso Malaya o Fabra. El sistema pudo ser en sus inicios un intento bienintencionado de evitar problemas sociales, o dicho más críticamente, una forma de comprar la paz social en Andalucía, pero rápidamente derivó a un procedimiento clientelar y, a renglón seguido, a un comportamiento corrupto. Cuando la Administración evita los procedimientos reglados, prescinde de la publicidad y el control, es solo cuestión de tiempo que aparezca la corrupción.

Más allá de las responsabilidades penales, si algo nos enseña el caso de los ERE es que el clientelismo político, en el que tan afablemente se ha desenvuelto la sociedad andaluza durante mucho tiempo, es un foco de desigualdad y, al final, de corrupción.

Los ERE de Andalucía no dan para una gran novela social, pero ofrecen el retrato de una parte de nuestra historia que debe acabar: el clientelismo político, la confusión de los límites institucionales y la ausencia de mecanismos de control especialmente del Gobierno pero también del Parlamento y de las instituciones encargadas de auditar las cuentas. Algo contra lo que hay que clamar, sin contemplaciones, un nunca más como la copa de un pino.