La ladrona, el juez y el panadero

Era el año 1898. Paul Magnaud, juez de Château-Tierry, tenía que juzgar a Louise Menard, joven madre soltera, socialmente rechazada, sin trabajo ni modo de sustento, que sustrajo una barra de pan para su hijo de dos años que llevaba dos días sin probar bocado. El honrado panadero la denunció. La ley exigía una pena de cierta severidad. Pero el juez la absolvió. Al honrado panadero, lógicamente, no debió satisfacerle la decisión. Pero a la gente del pueblo, sí. Desde entonces le llamaron “el buen juez Magnaud”, y así ha pasado a la historia como el más famoso impulsor práctico de la eximente de estado de necesidad. Sin embargo, sus colegas de aquel tiempo, devotos de la letra de la ley, le tildaron de heterodoxo y de buscar protagonismo.

Cuando se comete una infracción, por ejemplo un hurto, en situación de extrema necesidad, puede aplicarse esa eximente. Pero han de concurrir ciertos requisitos. Y aquí aparece la patata caliente para los jueces. En primer lugar tienen que concretar qué es una situación de extrema necesidad. Los parámetros económicos y sociales de hoy no pueden ser iguales a los de hace más de cien años. Hoy no es admisible que haya que llegar casi al desfallecimiento para justificar un hurto de alimentos. En segundo lugar, el perjuicio producido no puede ser mayor que la desdicha evitada. Siempre será problemática la comparación entre tales perjuicios y desdichas cuando se trata de cosas tan distintas como el valor de un pan y el hambre de un hijo, como ocurría en el caso de Magnaud. Y por último, nunca resultará fácil precisar el momento en que ya se han agotado todas las formas lícitas de superar la situación de necesidad.

Nuestro Tribunal Supremo ha llegado a exigir que el mísero ladrón pruebe que, antes de decidirse por la ilicitud del hurto, ha acudido “a alguna de las instituciones públicas o privadas que hay hoy día extendidas por todo el territorio nacional”.

Ahora estamos en el año 2012. Marian Fernández, de 28 años, madre de tres hijos, sin trabajo ni recursos, al borde del desahucio, entró el día 3 de septiembre en un supermercado de Vilafranca del Penedès y sustrajo efectos de alimentación e higiene por valor de 241 euros. Con los tradicionales argumentos de la pretendida suficiencia, eficiencia y universalidad de las asistencias benéficas, ha sido condenada a una multa de 90 euros.

La pena no es severa, pero es una pena. Y además es contradictoria, y en consecuencia inútil. No podrá pagarla si no tiene dinero ni para comer. Puede ser sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad, no retribuidos, cuando ni siquiera ha podido encontrar un trabajo retribuido. O por la localización permanente, sin poder salir de su domicilio, cuando, posiblemente, para entonces ya haya sufrido el desahucio.

Los tiempos han cambiado. Aquel panadero francés hoy es un rebosante supermercado. Aquel pan, hoy es un carrito del súper con otros alimentos y cosas de higiene. Nuestra Marian de Vilafranca, y tantas y tantos como Marian, acompañados de plataformas solidarias, y comprendidos por mucha gente, son las Louise Menard del siglo XXI. Pero no está el buen juez Magnaud, sino sus colegas, reacios a la benignidad generalizada porque “dada la continuidad de la necesidad, se estaría consagrando una impunidad permanente”.

Este fatalismo judicial contra la benignidad solo puede conducir a más severidad. Y esta solo puede satisfacer a quienes sean como aquel honrado panadero. La situación de extrema necesidad es un problema social cuyo abordaje implica a todos. Por eso siempre serán aplaudidos los escasos Magnaud heterodoxos, aun con sus discutibles protagonismos. Siempre serán necesarios los grupos y corrientes de solidaridad, aun con sus discutibles e inconvenientes excesos, y sus pintorescos coloridos meridionales. Porque, desgraciadamente, mientras haya crisis, siempre habrá situaciones de necesidad extrema y víctimas al borde de la desesperación y de la ilegalidad.

José María Mena es exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.