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Hacienda cree que la empresa de un ex alto cargo de Pujol desvió fondos del Palau

El auditorio pagó 60.000 euros a Marc Puig, exsecretario de Comunicación de la Generalitat

El informe señala que las siglas GPO pueden significar “ganancias por obras

Hacienda concluye que el saqueo del Palau ascendió a 23,4 millones

Fachada del Palau de la Música.
Fachada del Palau de la Música.

La empresa de un ex alto cargo de la Generalitat en la época de Jordi Pujol sirvió, presuntamente, para desviar fondos procedentes del Palau de la Música. Un informe de Hacienda revela que la firma de publicidad Emocional Base facturó casi 60.000 euros por trabajos dudosos. Ese dinero acabó en manos, presuntamente, de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de quien fue su tesorero, Daniel Osácar. El fundador de Emocional Base es Marc Puig Guàrdia, que fue secretario de Comunicación en 2003, en el último Gobierno de Pujol, y que desde hace poco más de un año ejerce como director de comunicación y atención ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona. Puig también fue consejero de administración de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de RTVE, así como director general de difusión entre 2001 y 2003.

En el caso Palau habían aparecido ya diversas empresas instrumentales —como New Letter y Letter Graphic— que, presuntamente, servían para hacer llegar pagos de Ferrovial al partido nacionalista. La constructora daba al Palau grandes cantidades de dinero en concepto de mecenazgo. En realidad, según los investigadores, el dinero se usaba para pagar comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obras públicas como las de la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro. En esas transacciones, Fèlix Millet y Jordi Montull —los saqueadores confesos del Palau— ejercían como intermediarios.

Ahora que la instrucción del caso llega a su fase final, la Agencia Tributaria ha detectado la existencia de otras dos empresas que también cumplían esa misión. Puig creó Emocional Base en 2004, pero abandonó el proyecto cuatro años más tarde, según consta en su perfil profesional de Linkedin. En 2006, emitió una factura al Palau por 59.975 euros. Entre sus clientes habituales, señala el informe, hay Administraciones públicas y partidos políticos de la órbita nacionalista. Entre 2005 y 2008, realizó trabajos para Convergència, CiU, la coalición electoral Galeusca y la Fundación Trias Fargas (actual Catdem) por valor total de 185.292 euros. Puig tuvo a sueldo en la empresa a la hija de Daniel Osácar, Mònica Osácar, a la que fichó cuando estaba al frente de la Dirección General de Difusión. El publicista defendió ayer que los trabajos para el Palau, sobre “posición de marcas”, se hicieron con “absoluta profesionalidad”, informa Efe. La otra sociedad descubierta ahora por Hacienda es Publiciutat, que entre 2006 y 2007 facturó al Palau 237.399 euros por trabajos de publicidad y relaciones públicas.

El informe de la Agencia Tributaria también intenta dar respuesta a uno de los misterios sin resolver del caso Palau: a qué aluden las siglas GPO, una constante en la documentación incautada en el registro del Palau de la Música, en 2009. Los investigadores interpretaron, inicialmente, que se trataba de la empresa GPO Ingeniería. Pero ese extremo nunca ha quedado del todo claro. En el apartado Consideraciones acerca de la expresión GPO del nuevo informe, los técnicos se proponen “delimitar y acotar la real participación” de esa firma en la trama.

Aquella primera hipótesis se sostenía por diversos indicios. Primero, que en el despacho de la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull se halló una copia de la declaración ante la policía de Emilio Vidal, administrador de GPO. Segundo, un correo electrónico —enviado por la secretaria de dirección de la empresa a Jordi Montull— en el que le indicaba posibles sociedades con las que camuflar el desvío de fondos del Palau. Y tercero, en los papeles a menudo los nombres Ferrovial y GPO “van de la mano”. Esa circunstancia daba a entender que la empresa “podría tener conocimiento o beneficiarse” de las cantidades que aportaba la constructora a Convergència.

Aunque tímidamente, la Agencia Tributaria lanza ahora, tras un “análisis más detallado”, una nueva posibilidad. “Quizás GPO pudieran ser las iniciales de la expresión guanys per obres”, o sea, ganancias por obras. Las siglas, pues, pueden aludir a los beneficios que Millet y Montull obtenían de forma “irregular” por su mediación en las operaciones del Palau de la Música. Al menos en seis ocasiones, sostiene Hacienda, GPO parece referirse a esas “ganancias”. Uno de los documentos —titulado Coses FM— incluye una partida de Divises que, “probablemente, corresponde a la cuenta en Suiza” de Millet porque “el saldo es coincidente”. Allí se menciona un “hotel” que, siempre según Hacienda, corresponde al proyecto fallido de construcción de un hotel de lujo junto al Palau.

Hacienda analiza una vez más las cuentas entre Ferrovial y el Palau, y describe el complejo mecanismo del fraude. Un ejemplo: el 22 de junio de 2009, la constructora ingresó 350.000 euros en una cuenta de Caixa Catalunya de la que el Palau es titular.

Al día siguiente, el ingreso se evaporó del coliseo modernista con dos movimientos bancarios simultáneos. El 62% del dinero se traspasó a una cuenta de New Letter y Letter Graphic, dos de las empresas tapadera que, presuntamente, desviaron casi un millón a CDC. El 37% restante se transfirió a una empresa ligada a Millet y Montull. Curiosamente, destaca Hacienda, la aportación de Ferrovial (los 350.000 euros) supone “el 4% de la obra pública adjudicada”. Ese “mecanismo de reparto” aparece descrito en la ya famosa libreta de anotaciones de Gemma Montull.

En contraste con las generosas donaciones de años anteriores como mecenas y miembro de honor del Palau —un total de 11 millones en la primera década del siglo—, el informe pone de relieve que en 2011 Ferrovial no hizo ninguna aportación a la institución musical. ¿Por qué? Una explicación posible, señala Hacienda, es que “los pagos por la adjudicación pública parecieron terminar en el año 2009”, o sea, el año que estalló el escándalo.

En un segundo y esperado informe, Hacienda fija la que considera que es la cifra definitiva del expolio: 23,4 millones. ¿Quién se llevó ese dinero? Lo cierto es que se ignora el destinatario final de la mayor parte del dinero (10,1 millones), ya que fue retirado de las entidades bancarias en cheques al portador que ha resultado imposible rastrear. Otro buen pellizco (7,8 millones) fue a parar a sociedades de Millet y Montull; el 80% para el expresidente y el 20% restante para su mano derecha. A ello hay que sumar 900.000 eures en viajes y otros fines particulares de ambos.

El resto, o sea 4,4 millones, acabó en manos de terceros. Según los investigadores, la mayor parte de ese dinero (casi 3,3 millones) fue a parar a Convergència a través de sus extesoreros —el imputado Daniel Osácar y el fallecido Carles Torrent— y de las empresas fantasma ya citadas. Por eso el juez del caso, Josep Maria Pijuan, considera que Convergència es responsable civil subsidiario en el caso y le ha impuesto una fianza por esa misma cantidad.