Goiriena asegura que no se quedó con “ninguna peseta” de la UPV

“No he percibido ninguna peseta de las sociedades”. Con estas palabras, el exdecano de Medicina de la UPV Francisco Javier Goiriena descartó ayer que utilizara una serie de empresas a modo de pantalla para sustraer de los fondos de la universidad hasta 750.000 euros, en colaboración con la exdirectora del departamento de Estomatología Montserrat Barranquero, según sostienen las acusaciones del juicio que se sigue en la Audiencia de Bizkaia por la supuesta malversación continuada y falsedad documental cometida por ambos entre 1994 y 2000. Los acusados se enfrentan a una petición de 10 años de cárcel y 14 de inhabilitación.

Goiriena fue el primero de los acusados en ofrecer su testimonio en la segunda jornada de la vista oral, aunque ni siquiera llegó a culminar su declaración. Sus evasivas contestaciones, junto a las reincidentes preguntas de la acusación popular sobre distintas facturas, prolongaron una intervención que se reanudará hoy con la respuesta a las cuestiones de su defensa. Después será el turno de Barranquero, a quien el exdecano no facilitó ayer la labor, al atribuirla toda la responsabilidad, como administradora, de las cuatro sociedades que ambos impulsaron para prestar servicios de docencia y analítica, así como para vender material de laboratorio relacionado con la salud.

El principal acusado creó sociedades que trabajaron para la universidad pública

Lo primero que hizo Goiriena fue desmentir que mantuviera una relación sentimental con Barranquero cuando decidieron conformar las sociedades mercantiles. Ambos eran socios de las mismas al 50%, hasta que el primero decidió vender a la segunda sus acciones. El exdecano, no obstante, situó ayer a la exdirectora como responsable única de la gestión de las distintas empresas. Aseguró desconocer sus actividades concretas, así como las fórmulas de pago, si bien matizó que contaban, entre otros clientes, con los encargos de la propia UPV, contra la que facturaron casi 140.000 euros, según las acusaciones, por trabajos supuestamente no realizados. De ahí la insistencia del abogado de la acusación popular en sus preguntas sobre el cumplimiento de los contratos y su finalidad.

Goiriena sí confesó ser el responsable académico de los cursos de formación que se encargaban a sus sociedades desde la UPV, aunque estos se gestionaron a través del Instituto de Epidemiología, una entidad adscrita a la universidad vasca, pero de naturaleza privada. En este argumento basa la defensa su estrategia de que el dinero objeto de la polémica no era en ningún caso de carácter público.

Sostiene que la gestión de las empresas era cosa de Barranquero

La sesión de ayer evidenció también algunas contradicciones del principal acusado en lo referente al pago de 7.000 euros para alquilar un caserío en el que almacenar material perteneciente al departamento de Estomatología. En concreto, sobre el traslado de “unos 14 sillones” de dentista, valorados en más de 12.000 euros cada uno de ellos. El exdecano relató ante el jurado popular que les tuvo que buscar acomodo fuera del campus, ya que en el mismo almacén universitario en el que se encontraban se habían introducido unos bidones tóxicos que habían deteriorado el material. No aclaró, sin embargo, el motivo de que no se aplicaran medidas de seguridad en su transporte, ni tampoco por qué se decidió su donación pese a estar contaminados.

El exdecano también achacó a la propia Barranquero la decisión de pagar con dinero procedente de la UPV los honorarios de una abogada para un pleito particular, después de que profesores del departamento hubieran impugnado la concesión de una cátedra a la acusada, tras conocer la relación que como socia de varias mercantiles mantenía con Goiriena.

La declaración de los dos acusados se prolongará durante hoy y mañana. La próxima semana será el turno de los testigos, entre los que figuran exrectores y otros antiguos altos cargos de la universidad pública.