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Benestar promete poner límites a los tiempos de espera para la Dependencia

La Consellería publica una relación de plazos que los trámites no deben superar

Centro de día en el municipio de Serra de Outes.
Centro de día en el municipio de Serra de Outes.

Los trámites para acceder a los servicios de Dependencia tendrán en Galicia plazos máximos de resolución menores de los que marca la ley y de los que actualmente se están aplicando en la comunidad. La Consellería de Traballo e Benestar presentó ayer una carta de servicios, que también se publicó en el Diario Oficial de Galicia, que establece, por primera vez en materia de servicios sociales, cuáles serán los tiempos de espera que la Administración no deberá sobrepasar en las diligencias para reconocer un grado de dependencia y hacer efectiva la atención más adecuada, sean cuidados en el entorno familiar o en un centro de día, ingreso en una residencia o libranzas vinculadas al pago de un servicio para el que no queden plazas en la red pública.

 El documento acorta en algunos casos los plazos con los que hasta ahora contaba la Xunta, tres meses para resolver el grado de dependencia desde la entrada de la solicitud y otros tres para determinar el Programa Individual de Atención (PIA), la fase clave del trámite porque indica qué modalidad de atención. Eso sí, el cumplimiento de la carta no es de imperativo legal, así que los afectados por un retraso podrán, como mucho, afearle a la Administración su lentitud, porque no se contemplan sanciones, tal y como aclaró la secretaria general de Política Social, Coro Piñeiro.

En concreto, Benestar se compromete a aprobar el PIA del 100% de los expedientes de asistencia personal —prestación económica para contratar a un profesional que ayude al dependiente con sus tareas diarias— en un plazo máximo de dos meses desde la resolución del grado de dependencia, y reduce a 20 días hábiles la espera para el mismo trámite en caso de menores de tres años. Antes de la adjudicación del PIA, Benestar se compromete a agilizar también la valoración sobre el estado del enfermo —en el 65% de los casos, 70 días— y el reconocimiento de un grado de dependencia —20 días naturales en el 40% de los expedientes, si bien para el resto se mantendrán los tres meses máximos de espera. Otros compromisos más concretos pasan por dar acceso efectivo, en el 99% de los casos, a una plaza en un centro de día en siete días naturales desde que al beneficiario se le comunica su derecho al servicio. El resto esperará un máximo de 15. Además, Benestar se obliga a que al menos la mitad de los solicitantes obtenga plaza en un centro de su mismo municipio. La atención residencial demorará como mucho 15 días naturales en el 75% de los casos, 70 para el 25%. Las libranzas, tanto de servicios, asistencia personal y de cuidados en el entorno familiar, se harán efectivas en un máximo de 30 días para el 60% de los expedientes y de 60 para el 40%. Actualmente, la espera media para recibir este tipo de asistencia una vez el PIA está concedido es, según Piñeiro, de “unos nueve o diez meses”.

La consellería se fija estos plazos para demostrar, según la secretaria general de Política Social, “su compromiso con la calidad y con la modernización” de los servicios a la Dependencia, que en Galicia, al contrario que en la mayoría de comunidades, aumenta sus beneficiarios. Aunque Piñeiro asegura la Consellería está ya “muy cerca de cumplir todo lo que se compromete a cumplir”, camuflada por los números, la gestión de las ayudas a la Dependencia permite matices menos entusiastas: hasta principios de mes, los centros privados que ofertan servicios financiados por Benestar no recibieron las ayudas que les corresponden, después de atrasos que, según los trabajadores sociales, llegaban ya a los “dos o tres meses”. La Consellería da más agilidad a los expedientes nuevos que a las renovaciones para que los que no reciben ninguna ayuda puedan beneficiarse de los cada vez más exiguos fondos para servicios sociales. Por otro lado, la ayuda básica para no dependientes sigue pendiente en la provincia de Lugo de un conflicto entre la Diputación y la Consellería. La segunda le exige a la primera la financiación del servicio en los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son todos menos la capital provincial.